El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó que impulsará la destitución de la jueza Laura de Marinis después de que la Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas revocara su fallo. La magistrada había sobreseído a un adolescente de 14 años en una causa por un intento de robo de un celular y, para ese caso concreto, declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad.
La posición fue expuesta por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien calificó la decisión judicial como un desastre que genera enojo. En diálogo con radio Splendid, explicó que el gobierno porteño presentó un pedido de enjuiciamiento para que un jurado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe si la jueza cumplió la norma y, en caso contrario, que tenga consecuencias.
Según Tapia, el pedido de enjuiciamiento busca que el jurado determine si hubo incumplimiento de la norma y que la sanción pueda ir desde un apercibimiento, una suspensión o la destitución. El funcionario remarcó que espera que el organismo entienda que hay un serio incumplimiento a las funciones por parte de la magistrada.
El viernes, la Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas revocó el fallo de la jueza De Marinis. La decisión judicial se conoció en medio de una fuerte polémica por la baja de la edad de imputabilidad, que según el gobierno porteño implica que a partir de los 14 años los menores que cometan delitos serán juzgados por eso.
El mensaje político más duro llegó de Jorge Macri, quien habló de un necesario freno al garantismo judicial y remarcó que la ley está para cumplirse. En su intervención, agregó: “Si quieren legislar, vayan al Congreso”. La frase condensó el reclamo del gobierno porteño por el cumplimiento de la norma vigente.
Previo a la revocación, la jueza Laura de Marinis defendió su actuación y sostuvo que no se trató de dar un mensaje de impunidad. “Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando”, sentenció. Además, remarcó que la ley sigue vigente y que se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él.
Para el gobierno porteño, el caso no es solo una disputa judicial: es una señal sobre el cumplimiento de la ley en la Ciudad de Buenos Aires. Tapia insistió en que “trabajamos en el cumplimiento de la ley, y que quien no la cumpla tenga consecuencias”. La frase anticipa un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y el Consejo de la Magistratura. Con información de: Clarín.
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