Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones cerró a favor de México la disputa iniciada en 2022 por la estadounidense Doups Holdings LLC.
La firma reclamaba más de 685 millones de pesos, unos 38 millones de dólares, por la cancelación de concesiones vinculadas a un sistema de estacionamiento pago en la capital mexicana.
El caso ARB/22/24 fue registrado por el Ciadi el 14 de septiembre de 2022 y concluyó con un laudo emitido el 10 de septiembre de 2026, según el expediente oficial.
El organismo que intervino está adscrito al Banco Mundial y la causa se inscribió en el mismo año en que Doups inició la controversia.
La disputa se originó por la revocación de concesiones para instalar y operar parquímetros en Ciudad de México. Doups sostuvo que era un inversionista estadounidense con participación en Pagomet.
La Secretaría de Movilidad capitalina fue señalada por Doups como responsable de decisiones que, según la empresa, afectaron su inversión en el sistema de estacionamiento pago.
La empresa pidió el 26 de julio de 2024 al tribunal internacional ordenar a México compensar los daños que atribuía tanto a la compañía estadounidense como a Soluciones Pagomet CDMX, además de actualizar intereses previos al laudo y cubrir costos y honorarios relacionados con la controversia.
México cuestionó desde el inicio la posibilidad de que el tribunal conociera el fondo de la reclamación y alegó deficiencias relacionadas con la conformación, nacionalidad y control de la filial mexicana, además del cumplimiento de requisitos procesales previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC.
La Secretaría de Economía informó este martes que el tribunal aceptó esos argumentos jurisdiccionales y desestimó el arbitraje en su totalidad. Según la dependencia del Gobierno mexicano, los árbitros concluyeron que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet, no podía reclamar como propias las pérdidas de esa sociedad e incumplió requisitos indispensables del TLCAN antes de recurrir al arbitraje internacional.
El tribunal internacional ordenó además a Doups pagar a México más de un millón de dólares por gastos y costos relacionados con la controversia, según la Secretaría de Economía.
El procedimiento fue resuelto sin que el tribunal entrara a decidir si México había violado las obligaciones de protección a las inversiones invocadas por Doups, porque el tribunal determinó que carecía de jurisdicción para examinar esas reclamaciones en el arbitraje internacional.
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