La Justicia argentina estima que durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández, financistas, agencias de cambio y bancos lograron obtener del Banco Central unos US$ 3.000 millones al valor oficial mediante tres tipos de maniobras ilegales. Como esos dólares eran revendidos en el mercado blue a más del doble de su cotización, las ganancias habrían superado los US$ 3.000 millones.
Tres fuentes del Gobierno y de la Justicia calcularon estas cifras sobre la base de los indicios acumulados en investigaciones por operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Se trata de una cifra provisoria que refleja la magnitud del presunto fraude: el FMI se apresta a aprobar un nuevo desembolso para Argentina por apenas US$ 1.000 millones.
El fiscal Franco Picardi espera desde hace una semana que el gobierno de Javier Milei entregue un informe con los nombres de los funcionarios de la gestión del ex secretario de Comercio Matías Tombolini que aprobaron cada una de las SIRA. El objetivo es avanzar en la imputación de un ex funcionario que ya aparece mencionado en otros elementos de prueba.
La investigación más avanzada es la que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi por maniobras con órdenes de importación mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Una fuente oficial estimó que por esa vía "se llevaron entre US$ 1.300 y US$ 1.400 millones".
Las SIRA estaban destinadas a facilitar la importación de medicamentos e insumos industriales esenciales en momentos en que el Estado no tenía dólares. Sin embargo, según la investigación, muchos utilizaron los dólares oficiales para comprar aviones, autos de lujo o hacer viajes lujosos por el Mediterráneo.
Entre los casos que investiga la Justicia figura el viaje de Jesica Cirio y Elías Piccirillo a Ibiza de 7 días que habría costado "7 millones de dólares", incluyendo el alquiler del yate Bolt. En marzo, el financista Martín Migueles viajó con Wanda Nara a las islas Maldivas, Milán, Japón y Shangai, parando en hoteles de lujo.
La maniobra consistía en sobrefacturar importaciones o directamente simularlas. Detrás de cada SIRA operaba un banco comercial. Según sospechan los investigadores, en algunos casos se pagaban coimas dentro del Banco Central para garantizar el acceso a los dólares oficiales.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli analiza imputar a funcionarios del BCRA del gobierno anterior por haber omitido controles en la entrega de dólares oficiales a unas 60 agencias de cambio. También aguarda que la Dirección de Asistencia Judicial le entregue los chats extraídos de los celulares de cinco funcionarios del Banco Central investigados.
En otra causa, que tramitan la jueza María Servini y el fiscal Stornelli, se investigan maniobras conocidas como "la escalerita". Allí la magistrada trabó embargos sobre empresas vinculadas a Elías Piccirillo, Maximiliano Vallejos de Sur Finanzas, y Martín Migueles, entre otros.
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