Los 13 acusados de integrar la banda que compraba armas para desviarlas al mercado negro fueron indagados en las últimas horas en el Juzgado Federal de Campana. Entre los señalados hay un policía de la fuerza porteña, que al igual que el resto es investigado por participar de la organización criminal dedicada a la adquisición y venta ilegal de armas de fuego.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, todos los implicados se presentaron a indagatoria junto a sus abogados, negaron haber formado parte de la estructura delictiva y rechazaron las imputaciones vinculadas al desvío sistemático de armamento hacia el circuito clandestino.
El expediente está en manos del juez Adrián González Charvay con intervención de la Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO). La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en julio de 2024.
La denuncia señalaba patrones inusuales en el registro y compra de armas por parte de al menos 147 personas, lo que derivó en la apertura de una investigación sobre posibles maniobras de adquisición y transferencia irregular de armamento.
Las fuerzas federales ejecutaron 140 allanamientos simultáneos en trece jurisdicciones, con la participación de 193 brigadas y 772 efectivos de la Policía Federal Argentina. El operativo permitió incautar 120 armas de fuego -entre ellas pistolas, revólveres, escopetas, ametralladoras y fusiles-, una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones de distintos calibres y documentación relevante.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la organización habría inscripto a su nombre 742 armas de fuego que no se encontraron en poder de los titulares ni en los domicilios declarados. La estructura contemplaba una división de roles: algunos integrantes gestionaban la compra de armas en el mercado legal, otros reclutaban "testaferros" para inscribirlos como legítimos usuarios y un tercer grupo facilitaba la documentación.
Entre los principales acusados figura Ricardo Javier Mascato, un hotelero considerado el organizador de la asociación ilícita que coordinaba la adquisición de armas utilizando a terceros registrados como legítimos usuarios. En 2007, su nombre apareció ligado a una defraudación con cheques vinculado a la Municipalidad de Colón, Entre Ríos.
También está imputado Martín José Núñez, jubilado encargado de buscar y reclutar usuarios o testaferros para registrarlos como usuarios habilitados de armas. Facilitaba la adquisición de armas que luego retiraban otros miembros de la organización y cobraba por cada operación.
Durante las audiencias, los acusados prestaron declaración indagatoria y refutaron los cargos, aunque fuentes del caso confirmaron que muchos eligieron no responder preguntas. Los procedimientos se realizaron en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y otras once provincias para detener a las personas detrás de la maniobra y principalmente a sus líderes.
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