Tras el fallo de la Corte Suprema, los diputados Pichetto y Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. La presentación se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
El artículo 154 fue firmado por Javier Milei en 2023 y eliminó el régimen que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma no entró en vigencia porque el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata presentó un amparo para frenar su aplicación.
El amparo argumentó que la derogación era inconstitucional por afectar la defensa de la soberanía nacional y la protección de recursos estratégicos. La aplicación del artículo quedó suspendida y el planteo llegó hasta la Corte Suprema, que se pronunció esta semana.
Aunque no resolvió la cuestión de fondo, el máximo tribunal rechazó la medida cautelar al considerar que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promoverla. Al quedar sin efecto esa cautelar, volvió a regir el artículo que deroga la Ley de Tierras.
De esa manera, deja de aplicarse el régimen que establecía, entre otras restricciones, un límite máximo del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. La cautelar de los diputados busca evitar que, mientras el Congreso decide, se consoliden compras de tierras por extranjeros.
“No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que después sean imposibles de revertir. Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites”, afirmó Massot. Los legisladores de Encuentro Federal advierten que las operaciones concretadas podrían generar derechos adquiridos difíciles de revertir.
En la misma línea, Pichetto advirtió: “Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. La cautelar cuestiona además que la derogación se haya realizado mediante un DNU.
Massot y Pichetto señalaron que el Congreso se encontraba en condiciones de legislar y que el propio Poder Ejecutivo remitió, apenas seis días después de dictar el decreto, un proyecto al Congreso que incluía su ratificación. Esa ratificación no fue sancionada y posteriormente el Senado rechazó el DNU.
La oposición en Diputados ya convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de voltear directamente el DNU 70. La cautelar se presentó en la Capital Federal, aunque el debate legislativo podría definir reglas para operaciones rurales en todo el país.
Con información de Clarín y Último Momento.
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