La denuncia penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado por el FMI a la Argentina durante el macrismo quedó a un paso del cierre definitivo. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, desistió de mantener la queja contra el archivo de la causa, según un dictamen de 28 carillas.
El funcionario explicó que no se pudo fundamentar una hipótesis delictiva concreta y que lo único que quedaba en pie era el desacuerdo con un modelo económico. Para la fiscalía, el caso buscaba llevar ante la Justicia la adopción y las consecuencias de una política pública, no un delito tipificado.
La investigación había sido presentada en 2019 por presunta defraudación. Quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal porteña confirmó el archivo el 4 de septiembre pasado.
En la causa estaban denunciados el expresidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Caputo era entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA, mientras que Sturzenegger encabezaba el Banco Central.
La Cámara Federal porteña sostuvo que la competencia judicial no revisa la política pública, sino que verifica si conductas individuales configuran delitos. En ese sentido, la jueza de grado trazó el límite: solo cuando se sospecha un apartamiento del marco legal para obtener beneficios económicos personales corresponde la intervención penal.
Respecto de la acusación por falta de trazabilidad de los fondos, Pleé advirtió que la queja confunde respaldo normativo con respaldo contable. Según el dictamen, no se indicó una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino.
El fiscal consideró que la resolución de archivo cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes para ser un acto judicial válido. Por eso, desistió de la apelación en resguardo de la legalidad, de los intereses generales y de una racional administración de justicia.
La queja estaba ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Antes de resolver si habilita la revisión, el tribunal le corrió traslado a la fiscalía, que ahora optó por no sostener el recurso.
Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cierre de la causa reduce la incertidumbre jurídica sobre decisiones económicas nacionales que involucran a funcionarios con peso político. El archivo deja en claro que el desacuerdo con un modelo macroeconómico no alcanza, por sí solo, para abrir una investigación penal.
Con información de Infobae y del dictamen de 28 carillas.
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