Tres empresarios acusados por presunto pago de sobornos en la Causa Cuadernos se retractaron este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 y argumentaron que mintieron al confesar delitos durante la investigación para no quedar presos en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio.
Los acusados dijeron que dejaron constancia de lo ocurrido en actas notariales antes de sus declaraciones. Sus dichos se sumaron a otro procesado que la semana pasada habló en el mismo sentido, configurando una estrategia defensiva coordinada que busca desacreditar las confesiones obtenidas durante la investigación.
Ante esta situación, diferentes defensas plantearon al tribunal la necesidad de "extraer testimonios", es decir, formular una denuncia para investigar supuesta coacción. El planteo derivó en un duro cruce con la fiscal Fabiana León, quien rechazó categóricamente las acusaciones.
"Este juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial. Quieren invertir quiénes cometieron delitos y quiénes los investigaron", expresó León al pedir rechazar el planteo. La fiscal advirtió que "no se puede permitir que se ponga en crisis la actividad judicial".
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero dispusieron un cuarto intermedio para evaluar las posturas. Finalmente ratificaron la decisión del presidente del TOF 7 y difirieron una resolución definitiva para el momento del veredicto.
"No se advierte de ningún modo una situación de extrema gravedad que autorice la inmediata y excepcional intervención del Tribunal", expresó el juez Germán Castelli. Con esta decisión terminó la audiencia y el juicio continuará el próximo jueves.
El empresario Mario Ludovico Rovella fue el primero en romper el silencio y negó rotundamente los hechos que se le atribuyen. "Ni personalmente ni a través de terceros, bajo ningún concepto ni con ninguna finalidad, entregué dinero a Ernesto Clarens", declaró ante el tribunal.
Rovella se retractó de sus confesiones durante la investigación y salió al cruce de lo aportado por el arrepentido financista Ernesto Clarens: un listado con información de empresarios que habrían aceptado pagar sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo.
"La razón por la cual, en mi indagatoria del 1 de marzo de 2019 ante el juez Bonadio, reconocí hechos que no ocurrieron, fue la situación de coacción psicológica en la que me encontraba. Se me hizo saber que, si no declaraba en ese sentido, sería privado de mi libertad", explicó Rovella.
El empresario reveló que el 28 de febrero de 2019, un día antes de su declaración indagatoria, concurrió a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires donde dejó asentado un escrito con el contenido de lo que iba a manifestar, "junto con una nota en la que expresamente señalaba que lo allí consignado no era verdad".
Las declaraciones indagatorias de las que ahora se desdicen los empresarios son actos de defensa que no se realizan bajo juramento de verdad, lo que técnicamente permite estas retractaciones sin configurar falso testimonio.
El caso marca un punto de inflexión en uno de los expedientes más emblemáticos de la corrupción kirchnerista, donde las confesiones de empresarios fueron clave para sostener la acusación. Ahora, con estas retractaciones masivas, la estrategia del Ministerio Público Fiscal deberá apoyarse más fuertemente en la documentación secuestrada y otros elementos probatorios.
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