La Cámara Federal de San Martín confirmó que la empresa ALS, investigada por una presunta contratación irregular multimillonaria con ARSAT, no podrá vender su flota de vehículos.
La decisión ratifica una medida del juez Lino Mirabelli, quien rechazó levantar la prohibición de innovar sobre la flota de automotores y motovehículos de la firma privada, en el marco de la causa por presunta corrupción durante la gestión de Facundo Leal.
Según el tribunal, al daño por los contratos y supuestos “retornos” a funcionarios debe sumarse el perjuicio económico que sufrió la firma estatal por el robo de insumos de alto valor que estaban almacenados en un galpón de San Fernando.
Los equipos robados se guardaban en contenedores tecnológicos, conocidos como shelters, usados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica y considerados bienes “estratégicos” para proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.
La Cámara recordó que en los domicilios de Leal se encontraron USD 2,4 millones en efectivo. El exfuncionario está acusado por supuestos delitos vinculados con la firma de los contratos para la contratación del predio y tiene un pedido de procesamiento con prisión preventiva.
Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones rechazaron el planteo de ALS para cesar con la medida y disponer de esos bienes. El tribunal advirtió que la empresa está imputada por contrataciones irregulares por U$S 1.912.000 y $130.600.000 con ARSAT.
Además, el fallo suma “el perjuicio económico que se habría generado por la sustracción de numerosos elementos de ARSAT que estaban almacenados en el predio de San Fernando de ALS S.A.”, episodio ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024, con una valuación de USD 151.126, $1.651.047,66 y $3.383.805.
El robo de esos elementos fue el que inició la causa judicial, según el texto. Luego se avanzó sobre contratos supuestamente direccionados y otros delitos. También se comprobó que el predio no estaba bien mantenido, tenía deficiencias y falta de seguridad.
El juez Mirabelli había advertido que se verificó un perjuicio verosímil para las arcas del Estado Nacional de U$S 1.912.061,3 y $40.300.000, cifras totales de los servicios contratados por ARSAT a ALS en condiciones que se presumen irregulares.
El magistrado tiene a estudio un pedido fiscal para procesar a todos los acusados, y el juzgado trabaja en una resolución de situaciones procesales, según fuentes judiciales citadas por Infobae. Cuando el 26 de mayo se negó a levantar la prohibición, explicó que hay un alto grado de probabilidad de que las cifras sean producto de un presumible hecho de corrupción de funcionarios de ARSAT en connivencia con empresarios y otros particulares.
El tribunal ratificó que la empresa no podrá cambiar la titularidad de los bienes, pero sí puede usarlos en sus actividades cotidianas. El fallo subrayó que el accionar con supuesto pago de “retornos” habría operado por “canales marginales”, y que no intervenir sobre los bienes de los involucrados podría implicar una eventual modificación de la propiedad y un “irreparable perjuicio” para los fines del proceso.
Leal ya está detenido procesado con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario. La fiscalía concluyó que hubo un “direccionamiento complejo y deliberado” para beneficiar a la firma privada en la contratación del predio de San Fernando.
ARSAT es descrita en la causa como una firma estatal de telecomunicaciones y una empresa estatal de soluciones satelitales, según el texto de Infobae.
Con información de: Infobae y fuentes judiciales.
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