La Cámara de Casación Federal confirmó el decomiso de 111 propiedades de la familia Kirchner y Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad, mientras avanza una segunda etapa que incluye el departamento de San José 1111 donde reside Cristina Kirchner.
El 24 de abril, la Sala IV integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificó la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de ejecutar bienes por un fraude de $685.000 millones a través de las 51 licitaciones viales otorgadas irregularmente a Lázaro Báez.
La defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner interpuso un recurso extraordinario para resistir la ejecución. Si la Casación lo rechaza, podrán ir en queja ante la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre el destino de estas propiedades ubicadas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El fallo destacó que el decomiso no requiere identificar exactamente el mismo bien proveniente del delito, ya que "el dinero es fungible" y puede transformarse o mezclarse con activos lícitos. Para los camaristas, lo relevante es la equivalencia patrimonial como provecho del delito.
La decisión allana el camino para ejecutar 20 propiedades de la familia Kirchner: un inmueble a nombre de la expresidenta y 19 heredadas por sus hijos. Paralelamente, Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades, incluyendo inmuebles de las empresas utilizadas en la maniobra defraudatoria.
Mientras la Corte define el recurso, el TOF 2 -integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- avanza en una segunda etapa solicitada por el fiscal Diego Luciani. Esta nueva tanda incluye 141 inmuebles adicionales y 46 automotores.
También se incorporaron los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, USD 992.134 del Banco Galicia y 53.280 pesos. El fiscal fundamentó esta ampliación señalando que los condenados registran "fortunas de opulencia irrazonable" acumuladas durante 12 años de corrupción.
El presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, ya comenzó a solicitar información a los Registros de la Propiedad para cotejar titularidades y analizar datos vinculados a estos nuevos bienes que podrían sumarse al decomiso en el caso que marcó un precedente en la recuperación de activos por corrupción en Argentina.
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