El abogado Cristóbal Martell, defensor de Jordi Pujol Ferrusola, admitió este martes ante la Audiencia Nacional la dificultad de probar que la fortuna oculta de la familia Pujol procede de una "deixa" (legado) del abuelo Florenci Pujol, basada en "fondos opacos" de los años 70 y 80.
Durante su informe final en el juicio que se desarrolla desde noviembre pasado, Martell reconoció que se trata de una tesis con "poco músculo", considerando el perfil del abuelo Florenci, quien durante la autarquía franquista se dedicó al contrabando de divisas en Tánger y fue fundador de la fallida Banca Catalana.
"¿Cómo se prueba la existencia de unos fondos opacos? No es sencillo. Aportamos lo que sabemos del 'avi Florenci'", declaró el letrado, quien busca la absolución de su defendido en el caso que investiga el origen de los fondos ocultos en Andorra.
La Fiscalía, representada por Fernando Bermejo, sostiene que el dinero proviene del pago de comisiones ilegales de empresarios a cambio de obra pública durante los años en que Jordi Pujol padre presidió la Generalitat de Cataluña.
Martell arremetió contra lo que calificó como un "clamoroso vacío probatorio" de la acusación, basada según él en informes policiales "sin ningún rigor" e incluso informaciones periodísticas no fundamentadas en documentación, impropias de un "Estado democrático".
El abogado denunció que la "afirmación grandilocuente" del fiscal carece de concreciones específicas: no menciona cuáles son los concursos "bastardeados" o las adjudicaciones "mercadeadas", ni se expusieron indicios concretos durante el juicio. "No hay nada, y cuando digo nada es nada", enfatizó.
Como alternativa, la defensa sostiene que el dinero procede de una herencia que Florenci Pujol dejó a su nuera y sus siete nietos. "¿Es tan extravagante que, aterrado por una situación política inestable, quisiera tener un colchón para sus nietos?", se preguntó Martell, recordando el contexto de "poco entendimiento" con la vida política de su hijo, quien había sufrido prisión.
Para sustentar esta teoría, la defensa aportó el libro de 1985 "Banca Catalana: Más que un banco, más que una crisis", que investiga la quiebra de la entidad financiera en 1982. Los autores cuestionan la gestión de Jordi Pujol al frente del banco y señalan que vendió sus acciones antes del colapso que dejó sin ahorros a multitud de inversores.
Florenci Pujol fue "protocondenado" en España en 1985 por la ley de control de infracción de cambios, lo que refuerza el perfil de "cambista clandestino" que la defensa utiliza para explicar el origen opaco de los fondos.
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