La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción e irregularidades administrativas en el Poder Ejecutivo, se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para apelar la decisión de sobreseer a los once investigados del criptoescándalo $LIBRA, entre ellos Javier Milei. El escrito, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, sostiene que la investigación tiene indicios de una maniobra defraudatoria y que no se encuentra agotada.
Rodríguez pidió además tener a su cargo la investigación que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano, al solicitar el sobreseimiento de Milei y el resto de los implicados. Según la PIA, el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que jamás puede sustentarse en meras dudas, y la resolución cuestionada no da razón bastante de la ineptitud manifiesta.
El fiscal enumeró medidas pendientes. Entre ellas, análisis de blockchain que la fiscalía anterior descartó por no contar con software especializado, sin haber explorado otras alternativas, y el peritaje de celulares que no se terminó de realizar. En la semana, los abogados de los damnificados habían apuntado a los teléfonos de Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, intermediarios que recibieron dinero de Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó la moneda.
La PIA también cuestionó que Taiano citara aportes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Oficina Anticorrupción para justificar el sobreseimiento. Para Rodríguez, esos elementos deberían considerarse como relativos y no bastarían para cerrar una investigación sobre una posible maniobra defraudatoria.
Otro punto crítico fue la decisión de arrojar dudas al informe de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) por su filtración a la prensa. Rodríguez consideró que esa decisión se basó en afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente.
El escrito también reprochó una perspectiva parcializada al poner el foco en las características de los mercados de memecoins en lugar de considerar los roles de los involucrados. La PIA rechazó que el mercado no regulado de las memecoins sirva como un cheque en blanco para librar de responsabilidad a los promotores.
Según la PIA, el caso investiga si LIBRA se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval y la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Rodríguez afirmó que el estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria.
La causa también tiene un frente procesal abierto: los inversores apartados como querellantes tienen pendiente un recurso de amparo en queja para pedir que los vuelvan a sumar al expediente, por lo cual el mismo no se encuentra firme. Los dos grupos de damnificados ya se habían quejado esta semana del cierre de la causa, recordando que el recurso en queja que presentaron aún no estaba resuelto.
La intervención de Rodríguez se produjo a pedido de dos ONG que funcionan como amicus curiae desde casi el comienzo de la causa: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), representada por Pedro Biscay, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), encabezado por Julián Alfie.
Para los inversores de Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, la apelación de la PIA reabre la expectativa de que la investigación avance hacia una definición judicial más completa.
Con información de: Clarín - Último Momento.
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