El Gobierno volvió a negar categóricamente la existencia de un contrato firmado entre el presidente Javier Milei y el cripto empresario Hayden Davis, responsable del lanzamiento del polémico token $LIBRA, en el marco de las consultas parlamentarias enviadas al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La respuesta oficial llegó en un documento de casi 2.000 páginas enviado por Casa Rosada apenas horas antes de la presentación de Adorni en el Congreso este miércoles. El criptoescándalo se posicionó como uno de los diez temas más consultados, con 75 preguntas de las 2.151 formuladas por los legisladores.
Entre las consultas más específicas, la Coalición Cívica indagó sobre las comunicaciones que habrían mantenido fuentes gubernamentales con el lobbista Mauricio Novelli durante los días 14 y 15 de febrero de 2025, cuando se lanzó la criptomoneda. También preguntaron por la existencia del contrato entre Milei y Davis, revelado por Clarín a fines del año pasado.
El Ejecutivo se amparó en la existencia de una "investigación judicial en curso" para excusarse de brindar varias respuestas. Además, volvió a desacreditar las revelaciones que surgen de las conversaciones del teléfono de Novelli, calificándolas como "informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones" cuya autenticidad no habría sido verificada.
Esta línea argumental ya había sido adoptada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien puso en tela de juicio el contenido del peritaje por posibles violaciones en la cadena de custodia. El Gobierno sostuvo que "en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias" de acuerdos con Davis.
En otro pasaje controvertido, el Ejecutivo defendió la tarea de autoinvestigación realizada por la Oficina Anticorrupción, que conformó una Unidad de Tareas integrada por una sola persona: María Florencia Zicarelli, considerada cercana al asesor presidencial Santiago Caputo. Esta investigación concluyó que Milei "no infringió la ley" al promocionar el enlace de la criptomoneda.
También se mencionó una investigación interna de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el rol de Sergio Morales, consultor y socio de Novelli en la organización del Tech Forum, que finalmente no se concretó debido a la renuncia del funcionario.
El Gobierno alegó haber respondido a todos los pedidos del Poder Judicial y haber "actuado en todo momento dentro del marco de sus competencias institucionales". Sin embargo, la respuesta omite que desde Casa Rosada se negaron sistemáticamente a responder las consultas de la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso, que solicitó declaraciones al presidente, a la secretaria general Karina Milei y a una treintena de funcionarios, ninguno de los cuales se presentó.
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