La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) presentó una alerta que encendió las alarmas en el expediente del caso $LIBRA: no cuenta con los recursos necesarios para investigar la ruta de 4,7 millones de dólares en criptoactivos que podrían ser clave en la causa que involucra al presidente Javier Milei.
El documento, presentado a mediados de abril y firmado por el titular de la UFECI Horacio Azzolin, responde a un pedido del fiscal Eduardo Taiano para auditar transferencias realizadas entre el 3 y 13 de febrero de 2025. Según la denuncia, la unidad especializada no tiene recursos para pagar las licencias de software necesarias para rastrear las transacciones en criptomonedas.
La revelación disparó la reacción inmediata de un grupo de diputados porteños que participaron de la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso. Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino presentaron un pedido urgente al Procurador General Eduardo Casal para que habilite los medios necesarios.
"La creciente complejidad de los delitos vinculados a criptoactivos exige que el Ministerio Público Fiscal cuente con los recursos técnicos adecuados", sostiene el documento. Los legisladores advierten que "ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes".
El diputado Ferraro fue más directo en sus redes sociales: "Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad. Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias".
El fiscal Taiano había solicitado específicamente estudiar la trazabilidad de las llamadas "Team Libra Wallets", un grupo de billeteras cripto vinculadas a la creación del token $LIBRA que se adjudican al equipo de Hayden Davis. Ante la negativa de la UFECI por falta de recursos, decidió redirigir el pedido al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal.
La situación genera particular preocupación porque, a diferencia de las transacciones bancarias tradicionales, las transferencias en criptomonedas aparecen públicas en la blockchain, lo que en teoría permite un seguimiento detallado de fechas, horas y montos. Sin embargo, se requiere software especializado para analizar estos datos de manera forense.
El caso $LIBRA investiga presuntas irregularidades en el lanzamiento de la criptomoneda oficial argentina, con ramificaciones que llegan hasta Casa Rosada. La falta de recursos para una investigación de esta magnitud plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para abordar delitos financieros complejos en la era digital.
Comentarios