El aumento sostenido de la mora en el sistema financiero argentino motivó la presentación de casi 30 proyectos de ley en el Congreso que buscan implementar nuevas reglas para el rescate de los deudores. El fenómeno, que afecta tanto a los bancos como a los usuarios de otros productos de crédito, generó una reacción inmediata en el ámbito legislativo y encendió señales de alarma en las entidades financieras.
Durante los últimos meses, la situación de los deudores empeoró en todas las líneas de crédito al consumo. El incremento de los impagos, la antigüedad creciente de los saldos en mora y la dificultad para acceder a refinanciaciones convencionales llevaron a legisladores de distintos bloques a impulsar iniciativas que buscan modificar el régimen de defensa del consumidor y los procedimientos de reestructuración de pasivos.
Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense. También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros.
Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.
El principio de "esfuerzo compartido" aparece en varias propuestas: tanto el deudor como el acreedor participan en la reestructuración, y el juez puede ordenar reducciones en el capital o los intereses si detecta otorgamiento irresponsable de crédito. Algunos procedimientos prevén instancias de conciliación obligatoria antes de llegar a la vía judicial.
En paralelo, los proyectos establecen límites objetivos a la carga financiera, como la prohibición de que el pago de deudas supere el 30% de los ingresos familiares. También exigen a los bancos y emisores de tarjetas que evalúen la capacidad de pago de los solicitantes antes de conceder nuevos préstamos.
El mecanismo de financiamiento no prevé la utilización de fondos estatales. En cambio, los propios bancos y entidades financieras deben absorber el impacto de las quitas, condonaciones y reestructuraciones, utilizando las previsiones contables que ya mantienen para cubrir créditos incobrables.
La reacción de las entidades bancarias no tardó en llegar. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: "Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito". Cesario sostuvo que las entidades ya implementaron alternativas para los deudores y que el sistema bancario "se ha adelantado" a estas iniciativas legislativas.
El debate llega en un momento crítico para el sistema financiero argentino, donde la combinación de inflación persistente, caída del poder adquisitivo y tasas de interés elevadas ha llevado la morosidad a niveles récord. Para los bancos con fuerte presencia en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde se concentra gran parte de la cartera crediticia del país, estas medidas representan un desafío adicional en un contexto económico ya complejo.
Comentarios