El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral la acusación por administración fraudulenta contra Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero, dirigentes del Polo Obrero acusados de desviar más de $49.417.301 del programa Potenciar Trabajo mediante un esquema de facturas apócrifas.
La decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 marca el cierre de una fase clave en la investigación sobre el destino de fondos estatales destinados a programas sociales. El expediente se centra en la presunta emisión de facturación apócrifa a través de la sociedad Coxtex SA, que habría sido utilizada como empresa fantasma para canalizar recursos públicos.
Según el documento judicial, las maniobras investigadas forman parte de un esquema profesionalizado para el desvío de recursos asignados a unidades de gestión del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. La elevación a juicio fue requerida de manera unánime por el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción, la Fundación Poder Ciudadano y la Unidad de Información Financiera.
En otro tramo de la causa, Eduardo Belliboni y otros dirigentes de la agrupación piquetera ya fueron procesados y enviados a juicio oral por los mismos delitos. La investigación determinó que el líder del Polo Obrero desvió fondos recibidos por la asociación y los destinó, al menos en parte, a financiar actividad política partidaria.
El magistrado estableció que Belliboni utilizó la empresa fantasma Rumbos como una "caja partidaria" para presentar facturas falsas al Estado y canalizar fondos desviados. Incluso se depositaron en esa cuenta las recaudaciones de "cápitas", aportes obligatorios que debían hacer los beneficiarios de los planes para mantener la ayuda estatal.
Las investigaciones se apoyaron en información digital forense extraída de los teléfonos de los imputados, que incluye mensajes reveladores de una coordinación sistemática para la creación y utilización de sociedades fantasma. Esta evidencia tecnológica resultó clave para acreditar la existencia de una "matriz delictiva" dentro de la organización.
Entre junio de 2020 y marzo de 2024, el Estado transfirió un total de $361.087.500 a la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor a través de siete desembolsos bancarios. De ese monto, los acusadores sostienen que al menos $49.417.301 fueron desviados mediante la presentación de facturas falsas.
El circuito de desvío contempló la emisión de dos facturas por un total de $5.459.418 con fecha 4 de octubre de 2021, acompañadas por recibos de cheques que nunca ingresaron a la firma emisora, sino que fueron endosados y cobrados por otras empresas del esquema fraudulento.
La causa también investiga "amenazas coactivas" como delitos conexos, en referencia a las presiones ejercidas sobre beneficiarios de los planes sociales para garantizar el pago de las "cápitas" y mantener el funcionamiento del sistema de desvío de fondos públicos.
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