La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del rechazo a los querellantes en la causa $LIBRA, el expediente que involucra al presidente Javier Milei y a otros imputados. El fallo, dictado por la Sala II, no admite todavía a los damnificados ni modifica los sobreseimientos, pero abre una instancia para revisar si podrán intervenir formalmente en el caso.
Por mayoría, el tribunal hizo lugar a la queja presentada por Vladislav Andreevich Lapchenko, Sviatlana Vitalievna Krasutskaya, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Todos habían solicitado intervenir como querellantes en la investigación.
Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de conceder el recurso de casación. Ledesma consideró que el planteo contenía una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención del tribunal.
El juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Entendió que la queja por la denegación del recurso debía declararse inadmisible, con costas.
La resolución que abre el recurso de queja no reconoce todavía a los demandantes como querellantes ni modifica los sobreseimientos dictados en la investigación por $LIBRA. En concreto, el fallo habilita una instancia para revisar si los dos damnificados pueden intervenir formalmente en el caso.
Si el tribunal finalmente los admite como querellantes, podrán cuestionar la decisión que dispuso el archivo de la causa $LIBRA; es decir, lograrían fortalecer las apelaciones que presentaron contra el archivo del sumario, aunque no les garantiza que prosperen.
El tribunal, por ahora, solo convirtió la queja en un recurso de casación y pidió el expediente digital para estudiar el fondo de la discusión.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había dictado los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados, tomando en cuenta el criterio que planteó el Ministerio Público Fiscal al sostener que los hechos denunciados no configuraban delito.
El magistrado consideró que las operaciones se realizaron sobre una memecoin de alta volatilidad y que no había elementos suficientes para acreditar un engaño penalmente relevante.
El cierre de la causa fue cuestionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, quien señaló ante la Cámara Federal de Apelaciones que la pesquisa tenía diligencias pendientes.
Entre esas tareas, la PIA mencionó peritajes sobre la trazabilidad de fondos, análisis forenses de teléfonos secuestrados y medidas vinculadas con pedidos de cooperación judicial a Estados Unidos.
La pesquisa se había iniciado a raíz de la promoción de una criptomoneda por parte de Javier Milei en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025. El presidente difundió el token como un proyecto destinado a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
Tras esa publicación, el precio del activo subió con rapidez y atrajo a miles de compradores. Horas después, el valor se desplomó cuando algunas billeteras retiraron fondos del proyecto, lo que generó pérdidas para numerosos inversores.
Las denuncias plantearon que pudo existir una maniobra coordinada para aprovechar la publicación del mandatario, atraer dinero al activo y retirar liquidez antes de la caída. Entre otras hipótesis, posibles delitos de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso inicialmente incluyó a Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a empresarios y operadores vinculados al lanzamiento, entre ellos Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julian Pehy y Sergio Morales.
Con información de: Infobae y Notibaires24.
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