La Cámara de Casación rechazó este jueves el último intento de Cristina Kirchner para dilatar la ejecución de bienes muebles e inmuebles en el marco de la causa Vialidad. El decomiso busca cubrir la cifra de $685.000 millones determinada como el fraude cometido, resultado de la condena que obtuvo firmeza en junio de 2025.
Ahora, según entienden en Comodoro Py, debe avanzar el trámite y será la Corte Suprema la que pase a ser titular de todo lo que se decomise. La ex presidenta se encuentra detenida en San José 1111 desde el año pasado en cumplimiento de la sentencia condenatoria del caso Vialidad.
La resolución de la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, rechazó la apelación interpuesta por la defensa de la familia Kirchner, el abogado de Lázaro Báez y de los demás imputados en la causa.
Los magistrados de Casación consideraron que los parámetros sobre los cuales el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fundó la individualización de los bienes decomisables "resultaban suficientemente fundados". Las defensas pretendían exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero ilícito, desde su origen hasta la actualidad.
Sin embargo, los camaristas señalaron que esa exigencia "no tiene sustento legal y desconoce cómo opera la criminalidad económica organizada, donde las ganancias ilegales suelen mezclarse, transformarse y reinvertirse durante largos períodos".
El máximo tribunal penal explicó que, en delitos extendidos durante más de una década, "alcanza con demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva".
Cuando la Corte Suprema ordenó avanzar con la ejecución patrimonial, señaló que la maniobra investigada involucró un esquema complejo, prolongado en el tiempo y con "resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner".
Aunque Cristina Kirchner aún puede presentar una queja ante la Corte Suprema, fuentes judiciales indicaron a Clarín que "no tiene efecto suspensivo y se puede iniciar la ejecución patrimonial". La Cámara de Casación fijó postura sobre la interpretación de la defensa respecto al efecto suspensivo, calificándola como incorrecta.
El 18 de noviembre del año pasado, el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, había firmado la resolución para hacer efectivo el decomiso, pero los abogados defensores de la ex presidenta apelaron esa decisión.
Junto con la privación de la libertad, la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida es otra de las consecuencias de la firmeza que la Corte Suprema otorgó a la condena por corrupción en el caso que involucra el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.
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