La Cámara Federal de Casación Penal confirmó de manera definitiva la ejecución patrimonial contra Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el marco de la causa Vialidad. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos extraordinarios que buscaban suspender el decomiso de bienes.
La resolución de 14 páginas de la Sala IV confirma la ejecución de 111 bienes muebles e inmuebles, en su mayoría propiedad de Lázaro Báez y en segundo término de la familia Kirchner. El objetivo es recuperar 685.000 millones de pesos, cifra que representa el fraude cometido entre 2003 y 2015 a través de la obra vial pública en Santa Cruz.
De los bienes a decomisar, 80 están bajo titularidad de Lázaro Báez, 1 a nombre personal de Cristina Kirchner y 19 escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner. La decisión fue unánime respecto al patrimonio de la expresidenta, con una disidencia del juez Borinsky sobre los bienes de sus hijos.
El fallo sostiene que la maniobra investigada involucró un esquema complejo y prolongado que generó ganancias para Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner a través de negocios compartidos durante la ejecución de la maniobra criminal. Los magistrados consideraron que los agravios de las defensas remitían a cuestiones de derecho común que no habilitan la instancia extraordinaria.
Aunque la familia Kirchner puede presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia, fuentes judiciales confirmaron que ese proceso no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de bienes. Esto convierte en definitiva la decisión de quitarle a los Kirchner 20 inmuebles para reparar el daño del esquema defraudatorio.
La resolución da firmeza a la ejecución patrimonial ordenada en noviembre pasado por el Tribunal Oral Federal 2, responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad. Los nueve condenados deben responder de forma solidaria con sus respectivos patrimonios por el monto actualizado de la maniobra defraudatoria.
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