La Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes 19 de octubre de 2026 archivar de manera unánime la causa que investigaba el préstamo contraído por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018.
La resolución se adoptó de manera unánime en la instancia superior. El punto central fue aceptar el retiro de la apelación presentado por el fiscal general, lo que impidió que la causa siguiera en revisión.
Los jueces aceptaron la decisión del fiscal general Raúl Omar Pleé de retirar la apelación que sostenía la Fiscalía. El fallo cierra una investigación que había buscado determinar si altos funcionarios del macrismo cometieron administración fraudulenta, abuso de autoridad o malversación de caudales públicos.
En febrero de este año, María Eugenia Capuchetti, del Juzgado Federal N° 5, había tomado una decisión similar al determinar que la negociación de la deuda constituyó una decisión de política económica que no configuró un delito penal.
La jueza había considerado que la negociación de la deuda no podía tratarse como un hecho penal. Esa lectura fue la que ahora confirmó, en la práctica, la Cámara Federal de Casación Penal.
Ese fallo fue apelado y ahora la instancia superior lo resolvió. La investigación penal buscaba establecer si el préstamo de 57.100 millones de dólares recibido por la gestión de Macri del FMI implicó responsabilidad penal para los funcionarios señalados.
Además de Macri, la causa apuntaba a Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; a los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger; y a Guido Sandleris. Los tres últimos habían ocupado el puesto de presidentes sucesivos del Banco Central.
La lista de señalados incluye a quienes participaron en la gestión del préstamo y en el Comité de Política Monetaria. La causa no se limitó al expresidente, sino que alcanzó a responsables de Hacienda y del Banco Central.
También se mencionaba a Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro, miembros del Comité de Política Monetaria del BCRA durante esos años.
El fallo fue de la Sala IV de Casación, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los camaristas votaron en acuerdo para aceptar el retiro de la apelación por parte del fiscal general.
El acuerdo de los camaristas fue clave para cerrar la apelación fiscal. Con ese voto, la Sala IV dejó sin efecto la continuidad de la investigación en la instancia superior.
Para Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el cierre de la causa devuelve el debate sobre el límite entre política económica y responsabilidad penal en decisiones de deuda que afectan la agenda pública local.
La nota se publica como noticia en desarrollo. El archivo definitivo vuelve a poner en discusión el alcance de la responsabilidad penal en decisiones de política económica vinculadas al FMI.
Con información de: Clarín - Último Momento.
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