La Sala IV de la Cámara de Casación anuló este miércoles el procesamiento por corrupción de Alberto Fernández en la causa Seguros, con un voto dividido que favoreció al ex presidente. La decisión fue tomada por mayoría de dos votos contra uno.
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo conformaron la mayoría que hizo lugar al pedido de la defensa del ex mandatario, mientras que el tercer integrante del tribunal votó en disidencia. Como consecuencia de esta resolución, se ordenó a la Cámara Federal que dicte un nuevo pronunciamiento sobre la situación procesal de Fernández.
El expediente se originó tras una investigación periodística de Clarín y tiene como eje central un cuestionado decreto firmado por Fernández que habría facilitado un esquema de corrupción. La causa involucra 45 contratos, 25 intermediarios de seguros y comisiones millonarias que, según la acusación, formaron parte de una "estructura criminal" para desviar fondos públicos.
El monto total de las comisiones pagadas a intermediarios alcanzó los $3.364.522.944, según consta en el expediente. El principal beneficiario fue Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y broker del rubro, quien se alzó con el 59,6% de las comisiones pagadas a los comisionistas.
La defensa de Fernández había argumentado que el procesamiento "resultaba arbitrario" y vulneraba garantías constitucionales, entre ellas el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio. El planteo encontró eco en la mayoría de la Sala IV, que consideró que no existía controversia entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento.
El camarista Borinsky sostuvo que la confirmación del procesamiento por parte del tribunal de apelaciones "implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso".
En febrero pasado, la misma Sala IV había confirmado los procesamientos de diez personas involucradas en el entramado de corrupción, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Sin embargo, quedó bajo revisión la situación de Fernández tras el pedido de su defensa.
El fiscal general Raúl Pleé había rechazado los argumentos de la defensa, considerando que no había sustento jurídico suficiente para retrotraer la decisión. No obstante, los camaristas expresaron que esa intervención "no subsanaba el problema" y se apoyaba en "invocaciones generales" sin razones concretas ajustadas al caso.
Con esta decisión, el ex presidente evita por ahora su primer juicio oral por corrupción, aunque la causa continuará su curso con el nuevo pronunciamiento que deberá dictar la Cámara Federal en los próximos meses.
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