Una serie de inspecciones judiciales realizadas por la Corte Constitucional en establecimientos penitenciarios y centros de detención del país reveló un panorama alarmante: hacinamiento extremo, condiciones sanitarias deplorables y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Las diligencias, enmarcadas en el seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario, abarcaron centros a cargo del INPEC y establecimientos administrados por autoridades locales y la Policía Nacional en diferentes regiones del país.
En el centro de detención transitoria conocido como el antiguo "CAIMEG" en Riohacha, la Corte verificó que 280 personas se encuentran recluidas en un espacio con capacidad para apenas 130 detenidos, representando una sobreocupación superior al 100%. Las condiciones incluyen instalaciones eléctricas expuestas, problemas de humedad, insuficiencia de baños y uso de espacios comunes para descanso y alimentación.
La situación más crítica se registró en el centro "La Permanente" de Valledupar, donde 349 personas permanecen hacinadas en un espacio diseñado para 70 detenidos, alcanzando un nivel de hacinamiento superior al 500%. Además, se detectaron fallas en la realización de audiencias virtuales, con más de 1.000 casos pendientes.
En la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, la inspección reveló 154 personas alojadas en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 detenidos. Se documentaron permanencias de hasta dos años en un centro de carácter transitorio, uso de antiguos parqueaderos como celdas, y severas deficiencias en ventilación y acceso a agua potable.
La Cárcel y Penitenciaría de Girón presenta un panorama relativamente mejor, con aproximadamente 2.600 personas y un nivel de hacinamiento del 7%. Sin embargo, persisten problemas en el suministro de medicamentos, seguridad interna y el ingreso de objetos ilícitos mediante drones.
Como respuesta a la crisis, se encuentra en construcción un nuevo establecimiento penitenciario en Riohacha con capacidad para 1.722 personas, incluyendo pabellones especializados para mujeres y población indígena Wayúu. El proyecto registra un avance del 99% en obras civiles y su puesta en funcionamiento está prevista en dos fases durante 2026.
Las inspecciones forman parte de una ruta de verificación que incluye establecimientos en La Guajira, Santander, Cesar, Boyacá y Bogotá, donde están programadas nuevas diligencias en centros como La Picota, El Barne y Cómbita. El objetivo es constatar el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Los hallazgos evidencian la persistencia de una crisis estructural en el sistema penitenciario argentino, que requiere intervenciones urgentes para garantizar condiciones dignas de reclusión y el respeto a los derechos humanos fundamentales.
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