El ministro de Economía Luis Caputo intensifica la presión sobre sus colegas de gabinete para implementar un nuevo ajuste fiscal. Con el plazo venciendo el 30 de abril, los ministerios deben presentar recortes del 20% en gasto de capital y 2% en gasto corriente, según confirmaron fuentes oficiales.
La directiva fue comunicada por el subsecretario de Presupuesto Rodrigo Cabado durante una reunión del 10 de abril con los responsables financieros de cada cartera en el Ministerio de Economía. El encuentro se realizó días antes del viaje de Caputo a Washington y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
La medida responde a la preocupante caída de la recaudación, que en marzo registró una baja del 4,8% real anual, marcando la octava caída consecutiva. El desplome se explica principalmente por un hundimiento del 26% en los derechos vinculados al comercio exterior debido a la reducción de impuestos implementada por el gobierno.
Más inquietante resulta la baja en términos reales de tributos ligados a la actividad económica como el IVA, impuesto al cheque y aportes a la seguridad social. Esta caída refleja el impacto de la informalidad laboral, menores importaciones y el retroceso de salarios y empleo desde el inicio de la gestión, según datos del IERAL.
El secretario de Hacienda Carlos Guberman, responsable del Presupuesto, se mostró particularmente inquieto por estos números y solicitó información sobre ventas del sector privado. Guberman es conocido por mostrar a los funcionarios que solicitan fondos una foto de Javier Milei con la motosierra mientras les dice "no puedo".
El ajuste se produce pese a que el Presupuesto 2026 ya incluía un margen fiscal al subestimar la inflación anual en 10% oficial versus 30% que proyectan consultoras privadas. Sin embargo, esto no sería suficiente para cumplir la meta de superávit primario del 1,4% del PBI acordada con el FMI.
La situación se complica porque Caputo debió ceder $650.000 millones en las últimas semanas: $400.000 millones en adelantos de coparticipación a 12 provincias para aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, $150.000 millones al PAMI y $100.000 millones a líneas de colectivo.
Consultoras como IERAL y Empiria estiman que el gobierno debería aplicar un ajuste real de entre 3% y 4% del gasto primario para mantener el equilibrio fiscal. No obstante, el economista Roberto Frenkel, exprofesor de Milei, advirtió que se trata de un "equilibrio precario" dado el ajuste ya aplicado sobre jubilaciones, provincias y educación.
La tarea se dificulta porque la mitad de las erogaciones, incluyendo parte de jubilaciones y AUH, se ajusta automáticamente con la inflación, que lleva 10 meses en ascenso. Ante esta realidad, el gobierno avanzó nuevamente sobre el gasto discrecional, eliminando el programa Volver Al Trabajo, aunque la Justicia ordenó reponerlo.
El achique de personal generó tensiones internas, provocando un cruce entre el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y Caputo. En las últimas horas, empleados del INTI reportaron que la cúpula del organismo les informó sobre nuevas medidas de ajuste.
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