El empresario José Carlos Estrada Huayta fue capturado este lunes en la región de Ucayali, Perú, tras permanecer prófugo durante más de 11 años pese a tener una sentencia firme por el asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto.
La detención se concretó en el distrito de Campoverde, provincia de Coronel Portillo, luego de que el condenado figurara en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior peruano, que incluso ofrecía una recompensa para lograr su ubicación.
Estrada Huayta había sido condenado a 28 años y 3 meses de prisión por el asesinato de los dirigentes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, crimen ocurrido en 2014 y considerado uno de los casos más graves de violencia contra defensores indígenas en Perú.
El proceso judicial estableció la responsabilidad del empresario y otros implicados por el delito de homicidio calificado con alevosía, además del pago de una reparación civil a favor de los familiares de las víctimas. Sin embargo, la condena no había podido ejecutarse completamente debido a que varios responsables permanecían fugitivos.
Los líderes asesinados denunciaban actividades de tala ilegal en sus territorios y fueron emboscados luego de recibir amenazas por su labor de defensa ambiental. El crimen generó una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando la vulnerabilidad de los defensores ambientales frente a economías ilegales.
Aún continúan prófugos otros condenados en el mismo caso: Hugo Soria Flores, Josimar Atachi y Segundo Atachi, quienes también figuran en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior peruano.
Durante más de once años, las familias de las víctimas y organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigieron justicia, denunciando retrasos en el proceso judicial y falta de acción estatal. La sentencia firme recién se confirmó en 2025.
Desde AIDESEP señalaron que la captura representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque aún queda pendiente la detención del resto de responsables para que la sentencia se cumpla en su totalidad. El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades y de las comunidades indígenas que exigen garantías de protección en sus territorios.
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