Las fuerzas especiales mexicanas capturaron a Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', uno de los operadores más buscados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que durante años logró burlar la justicia mediante recursos legales y que tenía conexiones internacionales que se extendían hasta Argentina.
El operativo, realizado el 27 de abril en la sierra de Nayarit, involucró a 120 efectivos y múltiples aeronaves. Flores Silva, de 46 años y originario de Michoacán, estaba protegido por 60 hombres armados pero fue capturado sin disparos mientras intentaba esconderse en un desagüe.
Según la investigación de la DEA estadounidense, El Jardinero había establecido una red de lavado de dinero que fue desmantelada en 2025 y que tenía ramificaciones en varios países, incluyendo operaciones financieras que llegaban hasta Buenos Aires y otras ciudades sudamericanas. Esta red permitía al CJNG blanquear millones de dólares provenientes del tráfico de drogas.
El caso de Flores Silva es emblemático de la 'puerta giratoria' del sistema judicial mexicano. Entre 2009 y 2010 acumuló seis órdenes de aprehensión, pero logró evadir la cárcel mediante amparos y absoluciones. En 2019, un juez lo absolvió por un ataque que dejó seis policías muertos, aunque posteriormente se dictó una sentencia de 45 años de prisión que nunca se ejecutó.
A diferencia de otros capos que buscan notoriedad, El Jardinero mantenía un perfil bajo y evitaba la ostentación mediática. Su ascenso en el CJNG se debió a su disciplina y capacidad operativa en el control de laboratorios de metanfetamina y rutas de tráfico que abarcaban cinco estados mexicanos.
La captura se logró tras 380 operaciones de inteligencia y 48 horas de seguimiento aéreo. El despliegue incluyó cuatro helicópteros, dos aeronaves de transporte y 400 efectivos navales de apoyo. Todo el operativo fue registrado en video como evidencia del procedimiento.
Sin embargo, apenas tres días después de su detención, Flores Silva obtuvo una suspensión de extradición a Estados Unidos por parte de un juzgado federal. La jueza Azucena Lazalde Íñiguez consideró que la entrega podría causar 'afectaciones irreparables a los derechos humanos'.
Las autoridades argentinas siguen de cerca estos casos, ya que las redes del CJNG han intentado expandir sus operaciones de lavado hacia el Cono Sur, aprovechando los sistemas financieros regionales para blanquear activos del narcotráfico mexicano.
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