El Gobierno de la Ciudad confirmó la recuperación de 1.000 viviendas que, en muchos casos, habían estado usurpadas durante décadas, en un anuncio que combina cifras oficiales, testimonios de propietarios y operativos policiales en distintos barrios porteños.
Según la información oficial, los barrios con más casos son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución y Flores, con 130, 63, 53, 52 y 43 propiedades recuperadas, respectivamente.
Entre los casos, Daniel Azzaroni recuperó la casa de su infancia, en Entre Ríos 542, después de casi diez años de litigio judicial, y recordó el impacto de haber perdido el inmueble que lo vio crecer.
También contó su historia Luciana Palacio, quien volvió a tener el hotel pensión de su abuelo gallego, en la calle Chile, después de seis años de ocupación con habitaciones subalquiladas.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, pidió disculpas por los años en que, según dijo, la política les falló a los propietarios, y reconoció que en algunos casos hubo hasta 40 años de trámites antes de recuperar los bienes.
El desalojo que permitió alcanzar el millar se realizó el viernes en una galería y un predio anexo de Cafayate 1642, en Mataderos, a metros de la avenida Juan Bautista Alberdi, y los inmuebles estaban ocupados desde hacía 15 años.
Según las denuncias de los vecinos, en el lugar se registraban situaciones vinculadas con la venta de drogas, robos y amenazas, e incluso alumnos de una escuela cercana habían sido víctimas de hurtos y arrebatos.
Entre los inmuebles recuperados hay talleres textiles clandestinos en Flores y Parque Chas, donde trabajaban 17 menores; predios del Estado ocupados por organizaciones sociales; espacios bajo autopistas en Villa Luro; hoteles en Constitución vinculados, según el Gobierno porteño, con actividades de prostitución y venta de drogas; y un edificio en Manuela Pedraza al 1800, en Núñez, con más de 30 departamentos ocupados ilegalmente durante décadas y sin servicios de luz ni gas.
La recuperación se apoya en un trabajo coordinado entre la Policía de la Ciudad, los organismos judiciales y áreas del Gobierno porteño, con intervención de la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control, la Red de Atención y Ordenamiento Urbano y Espacio Público.
Los procedimientos pueden comenzar a partir de pedidos de propietarios, denuncias de vecinos o reclamos recibidos durante reuniones vecinales, y cuando hay menores involucrados participa el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El jefe de Gobierno explicó que el cálculo real de los edificios que continúan tomados es difícil porque se trata de una problemática dinámica, en la que muchos casos aparecen por reuniones de vecinos y denuncias, a los que se suman expedientes abiertos en la Justicia.
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