La Federación Argentina de la Magistratura y 91 jueces porteños respaldaron a la jueza Laura De Marinis tras el pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires por su fallo contra la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
La magistrada sobreseyó a un menor de 14 años que, junto con otros menores, intentó robar un celular en Palermo el 10 de septiembre. La jueza desvinculó al chico al considerar inconstitucional el artículo 1 de la nueva ley de menores, que fijó en 14 años la edad a partir de la cual una persona puede ser punible.
La norma, que entró en vigencia el 5 de septiembre, estableció además una escala de sanciones donde la detención es la última instancia y solo para delitos especialmente graves y violentos. De Marinis sostuvo que la reducción es regresiva, viola la protección integral de los derechos de los menores y que la tentativa de robo no es un delito grave.
La FAM señaló que no emite opinión sobre el acierto de la decisión y que quienes discrepan cuentan con las vías recursivas previstas por el ordenamiento. La entidad calificó de hostigamiento el pedido de juicio político y advirtió que recurrir a mecanismos disciplinarios o de remoción por un criterio jurídico proyecta un efecto intimidatorio sobre la judicatura.
Los 91 jueces subrayaron que el respeto a las decisiones judiciales con base constitucional es una condición del Estado de Derecho y de la división de poderes. Afirmaron que promover un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial, instituida para amparar derechos y garantías de las personas.
El fallo fue criticado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por funcionarios del gobierno nacional de Javier Milei. El Ejecutivo porteño pidió la destitución de la jueza por mal desempeño, aunque la decisión ya fue apelada y ahora será revisada por la Cámara Penal de la ciudad de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron que la revisión comenzará desde este viernes y que se espera una decisión la semana que viene. La Cámara Penal evaluará el pronunciamiento de la jueza penal porteña en el marco del sistema recursivo previsto para revisar las resoluciones judiciales.
La entidad recordó que el control de constitucionalidad y convencionalidad no es una facultad discrecional, sino un deber que la Constitución Nacional impone a todo juez. También sostuvo que las libertades de expresión y de opinión no legitiman el hostigamiento ni las presiones indebidas contra una magistrada por el contenido de una resolución jurisdiccional.
Comentarios