La Legislatura porteña sancionó el jueves 5 de noviembre de 2026 la Ley de Educación Digital Integral (EDI), una norma que establece un marco para el uso de la inteligencia artificial en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires.
El texto, impulsado por María Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, define diez criterios que deberán orientar el uso de algoritmos en la educación obligatoria, con énfasis en la pertinencia pedagógica, la mejora educativa y la transparencia.
La iniciativa contó con el visto bueno del oficialismo porteño y de la UCR, y también de legisladores de la izquierda, que señalaron objeciones atendibles sobre presupuesto. De los 60 legisladores de CABA, 43 votaron a favor.
En tanto, 13 de los 14 integrantes de La Libertad Avanza se abstuvieron. Juan Ignacio Fernández, en nombre del bloque, reivindicó la utilidad de la IA y marcó el retroceso que implicaría ampliar la cantidad de cargos docentes que exige la nueva ley.
Esa posición se inscribe en la línea del oficialismo nacional, que reivindica la no regulación de la inteligencia artificial y cita el argumento del presidente Javier Milei de no hacer regulaciones ex ante o de manera preventiva ante problemas reales.
Para la Legislatura, los problemas ligados al mundo digital ya existen. El proyecto parte de un diagnóstico sobre la exposición de los chicos a entornos digitales, con acceso a dispositivos conectados en edades tempranas, en promedio antes de los diez años.
El texto también asegura que uno de cada tres menores manifestó haber atravesado experiencias negativas o atemorizantes en plataformas digitales durante el último año, según estudios como Kids Online Argentina citados en los considerandos.
Sobre esa base, la ley busca que la educación digital acompañe las etapas de la escolaridad con contenidos adecuados y que la escuela colabore para que los chicos tengan una mirada crítica sobre el funcionamiento de plataformas, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial.
Entre los objetivos explicitados están la prevención del grooming, el ciberacoso o ciberbullying, la violencia de género digital, la difusión de imágenes sin consentimiento, las apuestas online y los mecanismos de diseño adictivo de las plataformas.
En el tramo dedicado a la IA, la norma subraya que su uso en el ámbito escolar deberá apuntar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y estar justificado por su relación con los contenidos curriculares y las propuestas didácticas de cada nivel.
Además, todas las escuelas de gestión pública y privada, de primaria y secundaria, deberán contar con un referente pedagógico digital, una figura nueva prevista por la ley.
La reglamentación será decisiva para dar forma concreta a un texto bastante general. El punto de la transparencia, según lo que se reglamente, podría dar lugar a algún tironeo con los proveedores de IA.
Con información de: Clarín - Último Momento.
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