Un fallo histórico del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mercedes condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar con 19 millones de pesos a un adolescente víctima de bullying en una escuela pública de Chivilcoy. La sentencia marca un precedente clave para las familias del Gran Buenos Aires que enfrentan situaciones similares.
El caso, que involucra a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, documenta una escalada de violencia que incluyó golpes, escupitajos, amenazas diarias y hasta la filmación de los ataques. Los hechos ocurrieron tanto dentro como fuera del aula, mientras las autoridades escolares mantuvieron lo que el fallo califica como "inacción institucional".
La sentencia es especialmente relevante para el AMBA, donde las cifras de bullying alcanzan niveles alarmantes. Según datos de Bullying Sin Fronteras, Argentina registró 140 mil casos graves entre mayo de 2024 y mayo de 2025, colocándose entre los diez primeros países a nivel mundial. En la Ciudad de Buenos Aires, el 66% de las menores de entre 12 y 18 años han sufrido acoso o conocen a alguien que lo padeció.
El magistrado destacó que el bullying "se presenta como una problemática social de toda la comunidad educativa: alumnos, docentes y familias", y requiere soluciones conjuntas y participativas. La definición utilizada en el fallo, consensuada entre la OMS y organizaciones especializadas, describe el acoso como "toda intimidación física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar de forma reiterada".
Los testimonios de compañeros del adolescente y los informes de especialistas confirmaron el fuerte impacto psíquico y emocional de las agresiones. La sentencia subraya que la inacción institucional generó "un mensaje implícito de tolerancia" hacia prácticas que lesionaban gravemente la integridad del alumno.
El contexto digital agrava la situación en los barrios porteños y del conurbano. El 77,2% de los casos se producen en el ámbito escolar, pero casi un 38% también ocurre en redes sociales, donde la viralización multiplica el daño. Esta realidad es particularmente preocupante en zonas como La Matanza, Quilmes y Lomas de Zamora, donde el acceso a dispositivos móviles se combina con situaciones de vulnerabilidad social.
El fallo llega en un momento donde figuras públicas normalizan el lenguaje violento. El asesor presidencial Santiago Caputo usó recientemente la palabra "mogólico" como insulto, mientras que la diputada Lilia Lemoine fue citada a indagatoria por maltratar a un joven autista, acusando a su madre de hacerlo "actuar de autista".
Para las familias del AMBA, esta sentencia representa una herramienta legal concreta. El precedente establece que las instituciones educativas no pueden permanecer pasivas ante el acoso y deben implementar protocolos efectivos de prevención. La condena millonaria envía un mensaje claro: la inacción tiene consecuencias económicas y legales para el Estado provincial.
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