La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a cuatro proyectos para regular créditos de consumo, limitar cobranzas abusivas y crear mecanismos de reestructuración de deudas. Las iniciativas pasarán al Senado bonaerense en un escenario de aumento de la mora: el Banco Central informó que la irregularidad de los préstamos a familias llegó al 12,8% en junio de 2026 y, según datos difundidos posteriormente, en julio subió al 12,9%.
La aprobación contó con el voto del bloque de Fuerza Patria y el acompañamiento de Nuevos Aires y Unión y Libertad. En consonancia con la línea del Gobierno nacional, que es un problema entre privados, La Libertad Avanza rechazó los textos. El PRO hizo lo propio. “Hay una clara injerencia de la Provincia sobre cuestiones que son federales”, dijo el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.
Una de las objeciones fue sobre el proyecto del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, por la potestad que se le otorga a la Defensoría del Pueblo de la provincia para generar instancias prejudiciales y crear un régimen de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores en la provincia de Buenos Aires.
Si bien los distintos sectores del oficialismo presentaron diversas iniciativas para atacar la morosidad, el bloque peronista llegó a la sesión con matices que se habían exteriorizado el último viernes en un plenario de comisiones. Fue, puntualmente, por el proyecto de Tignanelli, que prevé una instancia gratuita y obligatoria ante la Defensoría del Pueblo bonaerense antes de que se inicien acciones judiciales de cobro.
En los plenarios, la diputada Ana Luz Balor, de Fuerza Patria, había considerado que su posición era proclive a dejar la autoridad de aplicación a “los órganos locales”, porque la Defensoría del Pueblo tenía “otras tareas”. Balor fue impulsora de otro proyecto que este martes también se aprobó, luego de unificarse con una iniciativa de su compañera de bloque Noelia Saavedra, quien responde políticamente a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.
“No corresponde a nosotros la resolución del problema porque obedece a medidas macro, quizá corresponde a nosotros poder llevar algo de alivio a las familias bonaerenses. Nadie dice que la toma de crédito sea mala. El tema es para qué tomamos crédito. Acá no estamos hablando de toma de crédito para gastos suntuarios. La gente está endeudándose para comer”, dijo Balor.
Tignanelli cerró el debate y planteó que “el problema que existe hoy en la Argentina es que no hay plata, no hay salario. Los trabajadores tienen que tener hasta dos o tres trabajos para poder, con suerte, llegar a fin de mes. Y cuando no llegan a fin de mes, toman deuda para comprar alimentos, vestir a sus hijos y sostener el nivel de vida que venían trayendo. Entonces, probablemente estas herramientas jurídicas armadas en la urgencia y dando respuesta a un problema probablemente sean un parche en la situación que están viviendo los argentinos y en este caso, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. No va a ser la solución definitiva”.
En su intervención, Tignanelli también se refirió al rol que tendría la Defensoría del Pueblo que comanda Guido Lorenzino en el desarrollo de una instancia prejudicial. “Si el artículo 38 de la Constitución dice que la Provincia proveerá a la educación para el consumo y el establecimiento de procedimientos eficaces y el Defensor del Pueblo de la Provincia es un organismo de la Constitución que entre sus funciones tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, va de suyo que tiene habilitada la posibilidad de esta instancia prejudicial obligatoria o de reclamo previo”.
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