El juez federal Leopoldo Bruglia elevó una nueva presentación al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, pidiendo la suspensión del concurso 461 para cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña. En una extensa nota, denunció una "maniobra ilegal y discriminatoria" destinada a desplazarlo junto a los jueces Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
El magistrado advirtió que el avance del concurso podría dejar afuera del tribunal estratégico que revisa las principales causas de corrupción tanto a Bertuzzi como a Martín Irurzun. Este último enfrenta la negativa del gobierno de Javier Milei para otorgarle cinco años más de mandato tras cumplir 75 años.
Bruglia cuestionó que el Consejo impulse únicamente los concursos que afectan a estos tres magistrados trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras mantiene paralizados otros casos similares. "De decenas de jueces afectados, solo tres iban a ser los discriminados y realmente perseguidos", sostuvo el camarista.
En su presentación, el juez denunció que desde hace seis años comenzó una "ofensiva política y judicial" de parte de Cristina Kirchner para removerlos de sus cargos. Aseguró que detrás del proceso operan "los sótanos de la democracia" y habló de "operadores ocultos" con influencia dentro del Poder Judicial.
El magistrado apuntó específicamente contra una consejera que justificó el avance del concurso bajo el argumento de cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de jueces. Para Bruglia, esa postura es "contradictoria" porque el Consejo no aplicó el mismo criterio al resto de los jueces trasladados.
Como ejemplo de esta discriminación, citó el caso del juez Carlos Mahiques —padre del ministro de Justicia— y Ricardo Basílico, entre otros casi 70 casos de magistrados trasladados para quienes no se convocaron concursos. Mahiques incluso obtuvo del Senado una prórroga de cinco años tras cumplir 75 años, un beneficio negado a Irurzun.
El domingo, en una entrevista con Clarín, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti había advertido que la decisión del Consejo de realizar concursos para algunos cargos de jueces trasladados y no para otros "termina afectando la legitimidad y genera planteos recursivos".
Bruglia recordó que mantiene una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino y reiteró que los magistrados trasladados bajo la normativa vigente al momento de sus designaciones adquirieron derechos que no pueden ser vulnerados.
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