Desde que la Ciudad de Buenos Aires habilitó el subsidio al boleto estudiantil para universitarios y terciarios, casi el 38% de las solicitudes no tuvieron una respuesta positiva. La cifra incluye un 30% de rechazos directos y un grupo adicional de casos que quedaron en una categoría poco clara llamada 'a subsanar'.
Los datos, obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública, revelan las dificultades que enfrentan los estudiantes porteños para acceder al beneficio que la Legislatura porteña había votado en 2024 pero que el Ejecutivo reglamentó y puso en marcha recién un año después.
El trámite se realiza a través del sistema TAD (Trámite a Distancia), modalidad que generó quejas en la Defensoría de la Ciudad por ser poco accesible. Aunque los reclamos formales son apenas 22 casos, la cantidad de estudiantes que no pudieron obtener la tarifa social fue significativamente mayor.
En la primera ventana habilitada entre septiembre y diciembre de 2025, ingresaron 1.746 trámites. Solo se resolvieron 627 casos (36%), de los cuales el 52,3% fueron aprobados y el 47,7% rechazados. Los 1.119 restantes fueron enviados 'a la guarda' por presentarse fuera de término.
La incertidumbre se intensificó en febrero pasado, cuando las familias porteñas esperaban la reapertura del sistema mientras los aumentos de transporte se sucedían. Aunque el ciclo lectivo había comenzado, la posibilidad de solicitar el boleto universitario recién se habilitó el 9 de marzo.
Desde esa fecha hasta fines de mayo ingresaron 11.262 expedientes. El 87,8% tuvo alguna resolución, con una proporción del 70% aprobados y 30% rechazados. Sin embargo, 1.372 trámites (12,2%) aparecen como 'enviados a subsanar', una categoría que genera confusión.
Según fuentes con conocimiento directo del tema, la mayoría de los casos 'subsanados' corresponden a estudiantes del conurbano que cursan en la Ciudad. La reglamentación exige tener domicilio en CABA, por lo que estos trámites deberían ser rechazados directamente.
Sin embargo, una fuente reservada explicó que se los coloca en esta categoría como 'un limbo' para 'no agrandar mucho el número de rechazados'. Esta decisión, aparentemente técnica, tiene implicancias políticas evidentes.
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura, que ahora maneja el tema tras el traspaso desde Educación en mayo, explicó que la categoría 'a subsanar' se usa cuando la documentación es errónea o falta algún dato importante. Sin embargo, no aclaró el destino final de estos trámites en suspenso.
La situación afecta especialmente a estudiantes del Gran Buenos Aires que cursan en universidades porteñas, quienes quedan excluidos del beneficio por una cuestión de domicilio, pese a depender del transporte público metropolitano para acceder a sus estudios.
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