El Gobierno de Javier Milei anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó una garantía de US$ 200 millones para respaldar la ampliación de la red de transporte eléctrico de la Argentina. En la Secretaría de Energía, el respaldo se considera un paso clave para atraer inversores a una licitación que demandará desembolsos por más de US$ 800 millones.
El apoyo financiero tendrá un plazo de 25 años y busca reducir riesgos para los inversores, facilitando el financiamiento privado de dos proyectos que el Gobierno considera estratégicos para mejorar el abastecimiento. El respaldo alcanzará a AMBA I y al corredor Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca, dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.
AMBA I será la primera de las 16 iniciativas estratégicas del plan nacional, que contempla inversiones por más de US$ 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de alta tensión en distintas regiones del país.
Con un costo que podría superar los US$ 800 millones, el proyecto permitirá ampliar en unos 2.000 megavatios la capacidad de abastecimiento de la región metropolitana, que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional. El objetivo es aliviar uno de los cuellos de botella del sistema eléctrico.
Según los datos difundidos por Energía, la demanda residencial creció un 20% en los últimos diez años, mientras que la extensión de las líneas de alta tensión aumentó apenas un 8%. Esa diferencia limita la posibilidad de incorporar nueva demanda y aumenta el riesgo de interrupciones cuando la red alcanza sus límites técnicos.
La apertura de ofertas para AMBA I está prevista para el 14 de diciembre. Entre los interesados aparecen Transener, Pampa Energía, Edison Energía, Genneia y Central Puerto.
El esquema elegido es una concesión de obra pública: el adjudicatario deberá construir, operar y mantener las nuevas instalaciones. Ganará quien proponga la tarifa más baja, que será repagada por los usuarios en las boletas de luz. La mayor parte del costo recaerá sobre los usuarios beneficiados del AMBA y de la provincia de Buenos Aires; una proporción menor se distribuirá entre los del resto del país.
El concesionario comenzará a cobrar a medida que complete los distintos lotes del contrato, sin esperar a la finalización de todo el proyecto. La construcción se dividirá en dos etapas y tendrá un plazo máximo de 52 meses. Además del respaldo del BID, Cammesa realizará un aporte inicial no reembolsable de unos US$ 100 millones, la mitad en efectivo y la otra mitad en especie, principalmente transformadores.
Los recursos saldrán de la Cuenta de Exportaciones de la compañía, que reúne ingresos netos por las ventas de electricidad a países vecinos. El adjudicatario también podrá solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Con estas herramientas, el Gobierno busca reducir el costo financiero y atraer empresas dispuestas a invertir en la ampliación de la red.
El pliego incorpora una restricción: no podrán participar como oferentes, ni integrar un consorcio, empresas bajo control directo o indirecto de Estados soberanos. La condición limita la participación de compañías estatales, entre ellas las chinas, en una de las principales licitaciones de infraestructura eléctrica del país.
Con información de: Clarin - Ultimo Momento.
Comentarios