Una mujer de Berisso denunció ante la Comisaría de la Mujer que su expareja la abusó sexualmente en su domicilio mientras su hija de tres años estaba presente. El episodio ocurrió durante la madrugada del 29 de marzo, cuando el hombre de 34 años ingresó al domicilio sin permiso.
La víctima explicó que no pudo realizar la denuncia de inmediato porque temía represalias contra ella o su hija, ya que según su testimonio, el agresor la había amenazado en diferentes oportunidades si se atrevía a acudir a la justicia o pedir ayuda.
Según la denuncia, la relación terminó hace ocho meses, pero los problemas no cesaron. El hombre continuó con amenazas, hostigamientos y otros episodios de violencia después de la separación, configurando un patrón de violencia de género sistemática.
El expediente judicial incluye antecedentes de violencia previos, como un episodio de diciembre de 2025 en el que la víctima fue amenazada e insultada delante de sus hijos. La mujer aportó capturas de mensajes y testimonios de allegados que presenciaron situaciones conflictivas.
En su testimonio, la denunciante detalló que sufrió maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante años, y que su hija fue testigo de varias situaciones violentas dentro del hogar. También consultó a médicos por dolores y lesiones relacionados con los hechos violentos.
El caso se suma a otros expedientes por violencia de género en el partido de Berisso, que forma parte del área metropolitana de La Plata. En Argentina, los hechos de abuso sexual pueden juzgarse bajo diferentes figuras penales: el abuso sexual simple prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que en casos agravados la condena puede superar los 20 años.
Paralelamente, en los tribunales de La Plata llegará a juicio oral la denuncia por abuso sexual simple contra un odontólogo que habría atacado a su prima durante una reunión familiar en diciembre de 2020. Tras más de cinco años de trámite judicial, la jueza Claudia Grecco ordenó la apertura del debate oral programado para el 10 de junio.
En este segundo caso, la denunciante se opuso desde el inicio a la suspensión del juicio a prueba porque buscaba ser escuchada en un debate y obtener una resolución judicial. Durante todo el proceso se mantuvo una medida cautelar que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de la denunciante.
Los abogados de la víctima, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, solicitaron la detención del acusado luego de constatar que había salido del país sin autorización y se encontraba en Uruguay. El acusado negó los hechos y declaró que la acusación era falsa.
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