El Gobierno nacional aprobó el modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), estableciendo las bases para una nueva etapa en la gestión del servicio que abastece a más de quince millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La resolución 543/2026 publicada en el Boletín Oficial responde a la necesidad de dotar al proceso de privatización de AySA de un marco normativo preciso y actualizado, capaz de garantizar la continuidad en la prestación del servicio esencial.
La decisión fue adoptada en el contexto de la implementación de la ley 27.742, que declaró "sujeta a privatización" a AySA y encomendó al Ejecutivo la organización de los procedimientos necesarios para llevar adelante la venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico.
El contrato de concesión aprobado regula la provisión del servicio público de agua potable y recolección de desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en veinticinco partidos del conurbano bonaerense. Entre las jurisdicciones incluidas se encuentran áreas densamente pobladas como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
Además, el acuerdo establece la prestación del servicio de recepción de efluentes cloacales en bloque en el partido de Berazategui, asegurando la cobertura de un territorio clave para la infraestructura sanitaria del área metropolitana.
A partir de la aprobación del contrato, AySA deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición por el período que resta del año en curso, mientras que las metas y obligaciones se extenderán en el primer ciclo tarifario comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.
Una de las características centrales del nuevo esquema es la preservación de la continuidad del servicio. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones y garantizar que la transición hacia la mayoría accionaria privada no afecte la calidad ni la cobertura de la prestación.
La venta de al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico será realizada a través de licitación pública nacional e internacional, mientras que el remanente podrá ser colocado en bolsas y mercados del país.
El nuevo contrato busca dotar de mayor claridad a los derechos y obligaciones de ambas partes, en línea con las recomendaciones del Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Este informe remarcó la importancia de que la privatización implique una transformación profunda que asegure la sustentabilidad, eficiencia y transparencia del servicio.
Paralelamente, el Gobierno nacional dispuso limitar los incrementos mensuales en las tarifas de agua potable y desagües cloacales de AySA hasta agosto próximo. La resolución 14/2026 estableció que los aumentos no podrán superar el 4% mensual hasta abril y desde mayo hasta agosto el límite descenderá al 3% por mes.
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