La pulseada por la falta de obras en la Autopista Presidente Perón se trasladó a los tribunales. El gobierno bonaerense obtuvo una medida cautelar que obliga a Nación a realizar tareas de mantenimiento y presentar un informe de avance en 15 días.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lugar parcialmente al reclamo de la Provincia. Ordenó a Vialidad Nacional mantener y reforzar medidas de cierre, señalización y prevención en todos los tramos inconclusos o no habilitados.
También ordenó al organismo nacional verificar el estado e intervenir para su reparación, reposición o adecuación donde se hayan detectado deficiencias en sistemas de contención, como guardarraíles o defensas.
La autovía, a la que le faltan 30 kilómetros, no tiene movimiento de máquinas desde diciembre de 2023. Según el planteo, quedaron sectores sin preservar, banquinas sin señalizar y divisores a medio terminar, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.
El fallo no aceptó otro reclamo de la administración de Axel Kicillof: rechazó la ejecución de obras globales de iluminación, bacheo masivo, diseño de desvíos alternativos o la entrega de un informe técnico integral. El juez argumentó que no correspondía dictar órdenes genéricas e indiferenciadas sobre toda la traza.
La Provincia pretendía que Vialidad Nacional reanudara los trabajos. El reclamo judicial refleja quejas vecinales y denuncias de dirigentes que advierten sobre el riesgo de la paralización.
La “Autopista Presidente Perón” se parece a una obra interminable. Los primeros movimientos comenzaron hace 15 años. De los 83 kilómetros totales previstos para unir el Camino del Buen Ayre con la Ruta Provincial 2, hay unos 52 km habilitados.
El resto tiene un 63% a 65% de avance general, aunque con sectores enteros frenados, maquinaria detenida y cierto grado de abandono o vandalismo en zonas específicas.
Sólo se logró alguna tarea puntual de bajadas gestionadas a nivel local o por acciones privadas, como en Canning, partido de Ezeiza.
Hace dos meses, la Provincia le reclamó a la gestión libertaria el traspaso de la jurisdicción de este camino. Quería “provincializar” ese trazado, para terminar las obras paralizadas desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, envió un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo. No hubo respuesta.
Entonces se activó la variante judicial. “Solicitamos a la Justicia que intime al gobierno nacional a traspasar las obras que tienen paralizadas en la autopista. Esta resolución judicial es un gran paso para lograr ese objetivo. La inacción y desidia de Milei y Caputo debe tener un límite. Son millones las personas que se verían beneficiadas si ellos continúan las obras o podemos terminarlas desde Provincia. En estos 3 años Nación no avanzó un kilómetro. Y sabemos que los fondos los tienen, pero priorizan en dibujar superávits y en los negocios financieros”, explicó Katopodis a Clarín.
En su recorrido, la autopista cruza doce municipios del conurbano: San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. Se pensó como un canal para descomprimir el tránsito en el resto de las vías de circunvalación del área metropolitana, como el Camino de Cintura y la Ruta 6.
Además, se buscó potenciar la conexión entre el norte, el oeste y el sur del Gran Buenos Aires. Pero la ejecución fue lenta y discontinua.
Con información de Clarín sobre la Autopista Perón.
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