Los conflictos de convivencia en edificios de Ciudad de Buenos Aires vinculados a problemas de salud mental se multiplicaron en los últimos meses, según registros de la Defensoría del Pueblo porteña y fiscalías locales. Gritos nocturnos, amenazas, acumulación de basura y comportamientos agresivos encabezan las denuncias de vecinos que no saben cómo resolver estas situaciones complejas.
"En mi edificio tenemos una situación muy compleja desde hace varios meses. Un vecino tiene problemas psiquiátricos y por las noches empieza a los gritos, es imposible dormir. Pero además amenazó a otros vecinos", relató una vecina de Almagro que pidió reserva de identidad. La mujer agregó que ya realizaron múltiples llamadas al 911 y al SAME psiquiátrico, además de denuncias en fiscalía, pero "los tiempos son tremendamente lentos".
Nora Cattaneo, titular de la Dirección de Mediación de la Defensoría del Pueblo porteña, explicó que la mayoría de estos expedientes comienzan como reclamos por ruidos molestos u olores, pero luego emergen situaciones más complejas relacionadas con salud mental, consumos problemáticos o adultos mayores en vulnerabilidad.
"Las consultas nunca llegan etiquetadas como salud mental. Llegan por problemas de convivencia y después aparece la complejidad del caso", precisó la funcionaria. Este fenómeno refleja una realidad creciente en barrios como Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, donde la densidad poblacional amplifica estos conflictos.
Fuentes de la Fiscalía porteña aclararon que no toda conducta extraña o molesta habilita una actuación judicial. La intervención penal aparece únicamente cuando existen hechos concretos que constituyen delitos: amenazas, daños, lesiones, hostigamientos o situaciones de riesgo para terceros.
El punto más controvertido surge con la Ley Nacional de Salud Mental. Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que una persona no puede ser internada únicamente porque vecinos la consideren peligrosa. Para una internación involuntaria debe existir evaluación profesional que determine "riesgo cierto e inminente" para sí misma o terceros.
Esta limitación legal explica por qué muchos conflictos se extienden durante meses o años sin resolución definitiva. Cattaneo advirtió que el error más frecuente es "acumular denuncias" en distintos organismos simultáneamente, creyendo que eso acelerará la solución.
"La convivencia debe abordarse de menos a más: diálogo, administración, mediación y, si corresponde, intervención judicial", señaló. Sin embargo, cuando aparecen amenazas o episodios violentos, la mediación deja de ser suficiente y deben intervenir otros organismos estatales.
El escenario plantea un dilema complejo para vecinos, administradores y organismos públicos: encontrar soluciones que protejan a los habitantes del edificio sin vulnerar los derechos de la persona involucrada. Esta tensión explica la prolongación de casos que generan incertidumbre diaria en cientos de edificios porteños.
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