La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con sede en San Isidro, lanzó una contundente advertencia sobre el estado de la justicia argentina durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires. "Detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe", sostuvo la magistrada al referirse a la corrupción estructural que considera enquistada en las instituciones del país.
En una charla titulada "Investigaciones complejas y credibilidad en la Justicia", Arroyo Salgado trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del sistema judicial frente a la expansión del delito en la era digital. "Este momento es bisagra en la humanidad. La virtualidad intensificada en la post pandemia transformó la realidad: hoy se estudia, se trabaja, pero también virtualmente se delinque y se maneja el poder", afirmó.
La magistrada, que tiene competencia sobre varios partidos del Gran Buenos Aires norte, advirtió que la tecnología y la inteligencia artificial modificaron las formas del delito y dejaron obsoletos muchos mecanismos tradicionales de control estatal. "Las instituciones que heredamos no están funcionando adecuadamente frente a esta realidad, porque fueron pensadas para otro momento histórico", señaló.
Uno de los puntos más críticos de su exposición se centró en el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense. Según la jueza, la pena privativa de la libertad "se desnaturalizó" porque muchos presos continúan organizando delitos desde las cárceles utilizando teléfonos celulares. En ese sentido, reveló que le pidió al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, incorporar en una futura reforma del Código Penal el concepto de "libertad virtual".
"La pena privativa de la libertad no solo debe alcanzar la libertad física, sino también la virtual", sostuvo Arroyo Salgado, quien además envió una comunicación al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para reclamar medidas que impidan las extorsiones telefónicas desde las cárceles. "En el sistema bonaerense hay detenidos con líneas declaradas y las llamadas extorsivas suceden justamente desde esas líneas", advirtió.
La jueza también vinculó el avance del narcotráfico con la fragilidad institucional. "El narco avanzó y se apropió del Estado en pueblos de frontera", aseguró, y agregó que el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción "convergen" como amenazas comunes para el país. Además, cuestionó la administración penitenciaria bonaerense y planteó que el Servicio Penitenciario debería pasar de la órbita de Justicia a la de Seguridad.
En un momento personal de su exposición, Arroyo Salgado hizo referencia al atentado contra la AMIA y a la muerte del fiscal Alberto Nisman, padre de sus dos hijas. "Hemos sufrido dos atentados y el magnicidio de Nisman, esta última de impacto institucional. Yo hablo desde un rol dual: como ex mujer y jueza federal", afirmó.
Sobre la muerte del fiscal, insistió en que "la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder". Sin embargo, dejó dudas sobre la posibilidad de identificar a los responsables materiales. "Difícilmente se llegue a dirimir quiénes fueron los responsables de este magnicidio", señaló, aunque mencionó "trascendidos" sobre una presunta vinculación entre integrantes de servicios de inteligencia y una empresa de Río Turbio.
Durante el cierre de su exposición, la magistrada defendió la necesidad de que el Poder Judicial comunique más activamente su trabajo ante la sociedad. "La Justicia debe informar sobre aquellos casos que conmueven a la sociedad y generan dudas. El gran desafío es combatir la corrupción", concluyó.
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