La denuncia del diputado nacional Esteban Paulón contra un grupo de influencers libertarios por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales fue archivada parcialmente este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.
Según fuentes judiciales, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito en los posteos de Daniel “Gordo Dan” Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados.
Tras esa decisión, la fiscal porteña fue apartada del expediente y asumió la conducción de la investigación su par Hernán Biglino. El cambio se produjo luego de que el abogado Alejandro Sarubbi Benítez la denunciara y pidiera su recusación.
Sarubbi Benítez, otro conductor del canal de streaming Carajo, aseguró que la fiscal “tiene un problema personal” con él y violó “sistemáticamente” sus derechos y garantías. La decisión del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19 de la Ciudad será revisada por instancias superiores.
La causa contra Nicolás Márquez, biógrafo del presidente de la Nación, sigue en pie. Según la información, Márquez aún no fue indagado y será citado en los próximos días. El legislador, como querellante, también puede insistir para que la acusación vuelva a alcanzar a todos los comunicadores oficialistas.
En su denuncia, Esteban Paulón relató que desde que asumió su banca fue blanco de una campaña de acoso coordinada en X y en canales de streaming afines al Gobierno. Señaló que las expresiones se desataron por su orientación sexual y por haber impulsado políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans cuando fue funcionario.
El diputado llevó a los tribunales porteños posteos con advertencias como “vas a correr” y acusaciones de ser “pedófilo” o de “promover el abuso infantil”. Además, Márquez lo llamó de manera despectiva “La Diputada” y lo acusó de estar “siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.
Entre los comunicadores libertarios también lo acusaron públicamente de tener vínculos con el narcotráfico, según la denuncia de Paulón.
Paulón argumentó que no se trata de simples opiniones, sino de un ataque organizado y sostenido que busca disciplinarlo y silenciarlo por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Manifestó sentir un profundo temor por su integridad física, su vida y la seguridad de su entorno familiar.
La fiscal Ramírez indagó a todos los imputados, excepto a Márquez, a quien la Policía de la Ciudad no lograba notificar formalmente. Dan, Pérez, Pazos y Sarubbi Benítez se negaron a declarar y presentaron descargos escritos. Al analizar las explicaciones, la fiscalía entendió que la conducta de Dan, Pérez y Pazos resulta “atípica”.
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