La aplicación Mi Seguridad, lanzada en 2017 por el gobierno bonaerense, hoy origina más del 20% de las causas penales en la provincia, pero también complica la medición real de la inseguridad en el Gran Buenos Aires.
El sistema permite denunciar desde el celular o la computadora y genera automáticamente una Investigación Penal Preparatoria, con fiscalía asignada y código de seguimiento. No se usa para urgencias: para eso sigue vigente el 911.
El Ministerio de Seguridad y la Policía promueven la modalidad on-line. Según el caso, el personal de la Bonaerense sugiere a las víctimas utilizar esa vía en lugar de esperar a ser atendidas en las dependencias. Le dicen denuncia ciudadana, denuncia web o directamente, la app.
Al finalizar el trámite, el sistema envía una constancia que informa la fiscalía asignada, el número de una IPP recién abierta y un código de seguimiento. El proceso, según el material, lleva pocos minutos.
En 2025, las denuncias por esta vía generaron 225.398 IPP, el 22% de las 1.035.350 causas iniciadas entre los fueros penal de adultos y juvenil. Es decir, una de cada cinco causas penales nace en la pantalla.
El problema aparece en el recorrido judicial: más de la mitad de esas causas no entra en las categorías con las que se mide estadísticamente el delito. Según el informe, las denuncias no se recaratulan en las fiscalías y quedan con una tipificación provisoria.
En la estadística difundida en mayo, referida a 2025, figuraron 122.867 IPP en ese renglón, el 54,5% de las denuncias hechas desde la app.
De ese conjunto, 103.085 causas habían sido cargadas por los usuarios como robos y hurtos, los delitos que más entran por la plataforma.
Si las fiscalías hubieran etiquetado esos hechos, las categorías de robo y hurto podrían haber crecido hasta un 36% respecto de las 284.018 IPP registradas. El dato deja fuera del radar más de 100.000 presuntos robos y hurtos, equivalentes a más de un tercio de todos los registrados.
El universo incluye entraderas, hurtos de cubiertas, celulares y motos, hechos que padecen los habitantes del conurbano.
El menú incluye violencia familiar o de género, delitos contra la integridad sexual, daños y robo/hurto, dividido en domiciliario, de celulares, de vehículos y otros. Las etiquetas son provisorias y luego deben validarlas las fiscalías.
También figuran comercio ilegal de autopartes, cuatrerismo, narcotráfico y corrupción policial. Además, el sistema contempla juego clandestino, apuestas ilegales y picadas, con el mismo recorrido de validación posterior.
Para el conurbano, el dato no es menor: si una parte enorme de los robos y hurtos no se clasifica, las políticas de seguridad se diseñan sobre una foto incompleta del delito. La discusión no es solo técnica: tiene que ver con transparencia, datos y confianza.
Con información de: Clarín, Ministerio de Seguridad y datos oficiales.
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