La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió este miércoles anular la elevación a juicio de la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano.
El camarista Nicolás Grappasonno consideró que el Juzgado Nacional N°47 cerró la instrucción de manera prematura, sin reunir pruebas fundamentales para definir la acusación.
La investigación, conocida como “Propofest”, apunta al presunto desvío de ampollas de propofol e insumos médicos del Hospital Italiano para consumo personal.
El escándalo se destapó tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, encontrado sin vida en su departamento de Palermo. El proceso judicial contra los acusados comenzó en febrero de este año.
El médico de planta Hernán Roberto Boveri fue procesado en abril como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta. Delfina “Fini” Lanusse, residente de tercer año, fue procesada como partícipe secundaria.
La controversia se originó en julio, cuando el juez Javier Sánchez postergó el cierre del expediente hasta realizar el peritaje de los celulares secuestrados a los acusados.
Esa medida había sido solicitada por el fiscal Lucio Herrera, quien un mes antes había ordenado la apertura de los teléfonos al considerar que su contenido era clave para la investigación.
En paralelo, la fiscalía pidió al hospital un informe detallado sobre intervenciones quirúrgicas y sedaciones realizadas por Boveri y Lanusse entre el 1° de enero de 2025 y el 1° de febrero de 2026, con uso de dos o más ampollas de propofol.
Sánchez argumentó que la evidencia informática podía incorporarse durante el debate oral. En agosto, la fiscal María Luz Castany advirtió que la investigación no estaba completa.
En su argumento, Castany sostuvo que el peritaje de los celulares “excede lo que razonablemente se puede entender” como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria.
El juez del Tribunal Oral N°17, Pablo Vega, coincidió con los fiscales y ordenó devolver la causa a la fase de investigación.
Ante la decisión, Sánchez propuso aceptar las exigencias de forma parcial y enviar a juicio solo a Boveri. El Ministerio Público Fiscal insistió en la nulidad de la resolución que daba por concluida la investigación.
Finalmente, el juez de Casación dio lugar al pedido y ordenó que siga vigente la recolección de pruebas en la causa.
La resolución mantiene abierta la etapa de instrucción y deja sin efecto el avance hacia el debate oral contra los dos anestesistas.
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