Por primera vez en un año de investigación, el juez federal Ariel Lijo ordenó realizar peritajes técnicos sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en los que supuestamente se menciona un '3 por ciento' para Karina Milei.
El peritaje fue encargado a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería con el objetivo de determinar el origen y veracidad de las grabaciones que desataron el escándalo político el año pasado.
El abogado defensor Mauricio D'Alessandro sostiene que los audios 'son falsos, tienen 18 microcortes, se agregó audio externo y fueron modificados con IA'. Además, denunció que fueron obtenidos 'a lo largo de varios meses en diferentes lugares y en una operación de inteligencia destinada a alterar el orden constitucional'.
En la resolución judicial, Lijo ordenó específicamente establecer si los audios 'fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar'. Esta medida llega después de que el periodista Mauro Federico aportara las grabaciones a la fiscalía, amparándose en el secreto profesional para no revelar su fuente.
La defensa de Spagnuolo contrató una empresa alemana especializada para realizar un peritaje particular, ya que en Argentina no existe esa tecnología avanzada. El informe preliminar confirmaría 'la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA', según fuentes judiciales.
Lijo reemplazó este año al juez Sebastián Casanello en la suplencia del juzgado 11, después de que este se negara a realizar los peritajes argumentando que el tema era investigado por el juez Ercolini y el fiscal Stornelli en la causa de espionaje.
Los audios fueron difundidos en septiembre pasado por Carnaval Streaming y sirvieron de base para la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, que dio origen a la causa judicial.
Con el informe técnico alemán, D'Alessandro busca aplicar la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', que invalidaría toda la evidencia derivada de pruebas obtenidas ilegalmente. Esta estrategia se discutirá en las próximas semanas, una vez conocidos los resultados del peritaje oficial.
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