El vocero presidencial Manuel Adorni presentó rectificaciones a sus declaraciones juradas patrimoniales tras el inicio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Las correcciones revelan inconsistencias en los montos declarados y justificaciones tardías sobre la adquisición de nuevos inmuebles.
Según documentos de la Oficina Anticorrupción (OA) analizados por medios especializados, Adorni declaró inicialmente un patrimonio de $25,7 millones al asumir como funcionario en diciembre de 2023. Sin embargo, en declaraciones posteriores modificó esa cifra inicial a $11,6 millones, generando la primera inconsistencia en sus registros.
El contador de profesión, que trabajó en el sector privado hasta llegar al gobierno de Javier Milei, declaró inicialmente dos inmuebles: un departamento de 115 m² en la calle Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco, adquirido en 2014, y otro en La Plata de 107 m² recibido por donación en 2016.
Entre sus bienes figuraba un Renault Captur 2019 comprado en 2021, y diversos ahorros que incluían USD 10.600 con fecha de ingreso del "31 de diciembre de 1969", pese a que Adorni nació en 1980. También declaró $10 millones en fondos de inversión y depósitos en el exterior por $8,2 millones.
Al cierre de 2023, su patrimonio experimentó un salto significativo llegando a $61 millones, justificado por un préstamo de USD 42.500 de su madre Silvia Pais y su abuela Norma Zuccolo. Este crecimiento patrimonial coincidió con gastos en viajes al exterior, incluido uno a Aruba, y costosas reformas en propiedades.
El funcionario presentó el 10 de junio su declaración jurada 2025 junto con rectificativas de los años 2023 y 2024, buscando saldar omisiones sobre inmuebles adquiridos durante su gestión. Estas correcciones llegaron cuando ya estaba en curso la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Antes de ingresar a la función pública, Adorni se desempeñaba como co-conductor en Radio Rivadavia y en un programa de Gritalo TV, medio vinculado a Marcelo Grandio y la productora ImHouse, investigada por financiar un viaje familiar del vocero a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.
Las inconsistencias en las declaraciones juradas de funcionarios públicos son monitoreadas por la Oficina Anticorrupción como parte del control patrimonial obligatorio. En el caso de Adorni, las rectificaciones tardías y los saltos patrimoniales generaron el inicio de la investigación judicial que busca determinar si existe enriquecimiento sin justificación adecuada.
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