El dueño de la casa que alquiló Manuel Adorni en el barrio privado Indio Cuá declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete le pagó US$15.400 en efectivo durante el período de locación.
José Luis Rodríguez, propietario del inmueble, testificó en Comodoro Py en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga los movimientos financieros del funcionario libertario y su esposa Bettina Angeletti.
Según el testimonio, el contrato inicial se firmó por un año con un valor de US$13.000 que fue abonado íntegramente en dólares efectivo. La negociación comenzó en octubre de 2023, cuando Adorni aún no era funcionario público, y el período de alquiler se extendió desde enero hasta febrero de 2024.
Cuando venció el plazo contractual, Adorni solicitó una extensión porque las remodelaciones de su propiedad en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz no habían concluido. "Hicimos un acuerdo de palabra por tres meses más, por 800 dólares por mes", declaró Rodríguez. Nuevamente, el pago se realizó en efectivo.
La investigación judicial busca determinar si estos movimientos de dinero se condicen con los ingresos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. El fiscal Pollicita ya había escuchado al contratista Matías Tabar, quien reveló que las remodelaciones de la casa de Adorni costaron US$245.000, también pagados en dólares sin emisión de facturas.
Los números de la investigación indican que en poco más de un año, el jefe de Gabinete movilizó US$349.640 en efectivo. A esta cifra se suman los US$10.000 destinados a muebles para el departamento de Caballito y los US$15.400 del alquiler en Indio Cuá, totalizando US$370.000 en divisas manejadas sin bancarización.
Fuentes judiciales señalaron que esta tenencia de dólares "carece del respaldo financiero correspondiente, no hay bancarización, ni documento que indique cómo se adquirieron ni facturas sobre el uso de las mismas".
El fiscal Pollicita trabaja en dos líneas de investigación: un informe de la DAFI (área financiera de la Procuración General) sobre ingresos y egresos del matrimonio, y el análisis de la trazabilidad del dinero para establecer si existe alguna inconsistencia patrimonial.
La causa cobra particular relevancia porque gran parte de estos movimientos ocurrieron cuando Adorni ya ejercía como funcionario público, lo que obliga a justificar el origen de los fondos utilizados en estas transacciones millonarias.
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