El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una nueva tanda de medidas de prueba para revisar la justificación patrimonial presentada por Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete.
El ex funcionario del gobierno de Javier Milei entregó un escrito de 78 páginas en el que, sobre sí mismo, sostuvo que la evolución patrimonial encuentra sustento razonable.
El escrito fue presentado ante la justicia federal y quedó como el principal material para revisar el requisito de justificación que pesa sobre el ex jefe de Gabinete.
En ese texto, Adorni dio cuenta de ahorros por casi 600.000 dólares vinculados a la venta de criptomonedas en 2017 y 2018.
Esa cifra de 600.000 dólares se convirtió en uno de los puntos centrales del debate, porque la fiscalía quiere entender cómo se trazó la venta y cómo se declaró ante el fisco.
La fiscalía analizó esas explicaciones en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que le costó a Adorni su cargo en el Gobierno Nacional.
Según el planteo fiscal, en el período investigado la familia Adorni sumó recursos lícitos por 229.752.283,20 pesos y afrontó gastos por 272.820.832,20 pesos.
Los gastos enumerados por la fiscalía incluyen seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito, según el texto de Clarin.
La diferencia entre ingresos y gastos, según la fiscalía, es de 43.068.549 pesos, un monto que quedó sin explicar en la justificación patrimonial.
El monto de 43.068.549 pesos no es solo un número contable: es el punto de fricción entre la justificación presentada y el control fiscal que exige la causa.
El fiscal Gerardo Pollicita consideró que los argumentos no conformaron y pidió aclarar puntos que, a su criterio, siguen sin claridad en el escrito.
La decisión de pedir más medidas muestra que la fiscalía no cerró el análisis con el escrito de 78 páginas y que sigue exigiendo claridad sobre el origen de los recursos.
La investigación también incorporó sospechas sobre las criptomonedas: durante años, Adorni no las declaró ante el fisco e incluso estando en la función pública.
La mención a la función pública agrega peso al reclamo fiscal: la fiscalía no solo revisa el patrimonio, sino también la declaración de activos digitales durante el período investigado.
Para la fiscalía, esas explicaciones no alcanzaron para cerrar el análisis. Por eso, el pedido de nuevas medidas busca ampliar el control patrimonial y definir si hay fundamentos suficientes.
En un contexto donde la justificación patrimonial vuelve a ser tema de debate, el caso de Adorni pone en discusión los límites del control sobre los recursos de un exfuncionario.
La nueva etapa de medidas de prueba podría definir si la causa avanza con más elementos o si la justificación termina de consolidarse como respuesta suficiente.
El caso vuelve a poner en el centro del debate público la justificación patrimonial de un exfuncionario nacional, con repercusión en la agenda de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Con información de: Clarin - Ultimo Momento, sobre la justificación patrimonial de Manuel Adorni.
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