La investigación judicial sobre Manuel Adorni suma números que despiertan interrogantes. El jefe de Gabinete movió en efectivo $349.640 dólares según la documentación que analiza el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si estos gastos se condicen con los ingresos declarados del funcionario.
La cifra surge de sumar compras de propiedades, viajes al exterior y refacciones realizadas en los últimos años. A esto se agregan deudas por $335.000 dólares que complican el panorama patrimonial del portavoz presidencial, según consta en el expediente penal.
El caso más llamativo involucra la casa en Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, donde Adorni y su esposa Bettina Angeletti aportaron $20.000 dólares de patrimonio propio. Para completar la compra, recibieron un préstamo en efectivo de $100.000 dólares de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, del cual ya devolvió $30.000 más el 11% de interés.
Pero el gasto más controvertido son los $245.000 dólares que el constructor Matías Tabar aseguró haber recibido para refaccionar la vivienda. Según su testimonio, Adorni le pagó 'en diversos tramos, en dólares y en efectivo, sin ninguna factura a su nombre'. Esto eleva el costo total de la propiedad del country a $295.000 dólares.
En el barrio porteño de Caballito, la pareja adquirió un departamento en la calle Miró al 500 por $230.000 dólares. Del total, aportaron $30.000 en efectivo y el resto mediante una hipoteca privada sin intereses que vence en noviembre próximo.
Los viajes también suman cifras significativas. El vuelo privado a Punta del Este costó $4.800 dólares, mientras que el regreso de su pareja desde Nueva York demandó $5.140 en efectivo. Las vacaciones familiares en Aruba en diciembre de 2024 representaron $5.800 en pasajes y $8.900 en hotelería, todos pagados en dólares cash.
A estos gastos se suma la polémica estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, que costó $9.104.769,97 pesos, equivalentes a unos $7.000 dólares al cambio de ese momento.
El fiscal Pollicita solicitó la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para determinar si existe inconsistencia entre ingresos y egresos. Esta instancia técnica será clave para decidir si se formula un requerimiento de justificación patrimonial.
Desde el entorno de Adorni insisten en que 'todo está declarado y justificado' ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, la Justicia debe verificar si un funcionario público puede sostener este nivel de gastos en efectivo con sus ingresos oficiales.
La investigación se enmarca en las declaraciones juradas patrimoniales que todos los funcionarios deben presentar. El interrogante central es si Adorni puede explicar el origen de los fondos utilizados para estas operaciones, especialmente considerando que gran parte se realizó en dólares en efectivo, una modalidad que dificulta el rastreo bancario.
Comentarios